El año 2025 representó un desafío mayúsculo para las organizaciones ambientales. A nivel global, el ascenso de liderazgos políticos que niegan la crisis climática, la pérdida de confianza en los espacios multilaterales y la proliferación de conflictos bélicos —que llevó a numerosos países a priorizar el financiamiento militar y de seguridad— generaron un retroceso significativo de la agenda ambiental.
En este escenario, Argentina ha profundizado la retracción de sus políticas ambientales. El rasgo más evidente es el drástico ajuste presupuestario aplicado al sector, acompañado por la decisión explícita del gobierno nacional y de varios gobiernos provinciales de impulsar la explotación de recursos naturales sin restricciones ni mecanismos adecuados de protección. Así, se favorecen proyectos extractivos de alto impacto social y ambiental, mientras se promueven modificaciones o derogaciones de normas fundamentales para la protección de bosques y glaciares. Al mismo tiempo, se vulneran derechos humanos reconocidos en la Constitución y en numerosos acuerdos y tratados internacionales ratificados por Argentina.
Esta orientación, marcada por una voracidad extractiva y por la retracción en la protección de los derechos de las personas —especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas comunidades locales y originarias cuya vida depende directamente de la salud del ambiente que habitan—, parece devolvernos a los tiempos en donde el desarrollo se concebía únicamente como explotación ilimitada de recursos, sin considerar sus impactos sociales, culturales y ambientales. Tiempos en los que la voz de las comunidades era sistemáticamente desoída, los controles estatales eran mínimos o inexistentes y la naturaleza era vista como un obstáculo o una mercancía, antes que como un bien común cuya preservación es condición indispensable para la vida y para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
En medio de este 2025 complejo, FARN cumplió 40 años: casi tantos como la democracia en nuestro país. Nuestra trayectoria ha atravesado gobiernos de distinto signo, crisis económicas y contextos tan exigentes como el actual. Esa experiencia —fortalecida por el trabajo conjunto con organizaciones aliadas, comunidades indígenas y territoriales, asociaciones vecinales y referentes académicos— nos permitió consolidar, en este año especialmente difícil, lo construido a lo largo de cuatro décadas.
Logramos que los reclamos de comunidades indígenas que defienden sus territorios frente al avance minero fueran escuchados por las máximas instancias judiciales, tanto provinciales como nacionales. Conseguimos también que sus derechos fueran reconocidos en los principales foros internacionales vinculados al ambiente, la biodiversidad y los derechos humanos. Tendimos puentes, lideramos y fortalecimos alianzas y cooperaciones entre organizaciones territoriales, nacionales e internacionales. Generamos datos y evidencia sobre transición energética, combustibles fósiles y cambio climático. Impulsamos propuestas para robustecer las políticas públicas ambientales y los recursos federales destinados a enfrentar inundaciones, sequías y olas de calor.
Estas son solo algunas de las acciones realizadas en 2025. Ninguna de ellas hubiera sido posible sin la red de personas y organizaciones que nos apoyan, nos acompañan y trabajan día a día por la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos. Todas ellas comparten una convicción fundamental: un futuro distinto es posible.
Desde FARN cerramos este año celebrando los avances alcanzados e invitando a seguir construyendo colectivamente en el próximo. Sabemos que aún queda mucho por hacer y que los logros por venir dependen del esfuerzo compartido. Creemos profundamente que hay mucho que proteger, muchos derechos que fortalecer y que hoy, más que nunca, es necesario sostener, proponer y construir.