El 17 de febrero de 2023, el Gobierno de la provincia de Jujuy aprobó un nuevo decreto reglamentario de la Ley 5063 General de Medio Ambiente que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental para la actividad minera en la provincia.

El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en dicha provincia. Este decreto representa una oportunidad perdida en términos de democracia ambiental y procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado que exigen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (más conocido como Acuerdo de Escazú), la Ley 25.675 General del Ambiente, y los estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Este documento, publicado en abril del 2024, analiza los mecanismos previstos en el Decreto 7751/2023, los cuales, en lo que respecta a la participación y el relacionamiento con las comunidades indígenas afectadas por la minería, son manifiestamente contrarios a los recaudos y estándares establecidos en las normas y jurisprudencia mencionados.