Por segundo año consecutivo, el Gobierno nacional trabaja con un presupuesto prorrogado, lo que le otorga un margen extraordinario para modificar, reasignar o recortar partidas sin pasar por el Congreso. Entre 2023 —último año en que el Congreso aprobó una Ley de Presupuesto— y 2025, el presupuesto total muestra una caída real del 26,5%.
Sin embargo, como revela el nuevo Monitor Ambiental del Presupuesto, entre enero y junio del 2025, no todas las áreas se vieron afectadas por igual: mientras se ajustaron partidas vinculadas a la salud, la educación y el ambiente, otras aumentaron su presupuesto.
Un recorte general, pero no parejo
El objetivo de alcanzar superávit financiero se mantuvo como una prioridad central de la política económica del gobierno de La Libertad Avanza. Sin embargo, los recortes se concentran en sectores clave para el bienestar social y ambiental, mientras otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reciben aumentos significativos.
En 2025, la SIDE cuenta con un presupuesto de $80.873 millones, 19,2% mayor en términos reales a aquel ejecutado en 2023. Es el valor más alto registrado en los últimos cinco años.
Superávit fiscal, déficit social y ambiental
Durante los primeros seis meses de 2025, el Estado acumuló un superávit financiero de $3.095.086 millones. Este resultado positivo, sin embargo, se explica en gran parte por la subejecución del gasto en áreas sensibles.
Si se utilizara el 88,6% de ese superávit ($2.742.389 millones), se podrían evitar recortes en partidas críticas sin comprometer el equilibrio fiscal. Aún así, el Estado mantendría un superávit de $352.697 millones.
¿Qué se podría financiar con parte del superávit?
- Con el 0,99% del superávit ($30.729 millones) se podría mantener en términos reales el presupuesto del subprograma Funcionamiento del Hospital Garrahan.
- Con el 63,4% ($1.962.342 millones), preservar el presupuesto del programa Desarrollo de la Educación Superior, que financia a las universidades públicas del país.
- Con el 24,21% ($749.318 millones), sostener todas las partidas ambientales clave.
Una por una, las partidas ambientales con recortes presupuestarios:
Comparación entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo en 2023.
- Saneamiento cuenca Matanza-Riachuelo: -83,2%.
- Fomento de energías renovables y eficiencia energética: -78%.
- Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos: -77,8%.
- Subsecretaría de Ambiente: -68,9%
- Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI): -40,6%.
- Administración de Parques Nacionales (APN): -40,1%.
- Servicio Meteorológico Nacional (SMN): -36,5%.
- Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF): -33,9%.
- Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP): -28,1%.
- Prevención Sísmica: -15%.
El superávit fiscal, presentado como uno de los principales logros de la actual gestión, se sostiene en gran medida sobre la base de la subejecución presupuestaria. Lejos de representar una eficiencia del gasto público, esta estrategia implica dejar sin ejecutar recursos que tienen la función de garantizar derechos fundamentales. Las caídas expuestas en las partidas ambientales tienen graves consecuencias en términos de la calidad de vida de la población y repercusiones en la salud.
Esta nueva edición del Monitor Ambiental del Presupuesto busca poner a disposición información clave con un análisis técnico riguroso que contribuya a discutir qué políticas públicas socioambientales se están implementando y, sobre todo, cuáles están siendo desfinanciadas.
No hay justicia ambiental posible sin una ciudadanía informada y participativa. El acceso a la información, el diálogo democrático y la garantía de derechos son condiciones indispensables para construir políticas públicas que estén a la altura de los desafíos sociales y ecológicos que atravesamos. El monitoreo del presupuesto con perspectiva ambiental no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta para fortalecer la transparencia, el control ciudadano y el compromiso del Estado para garantizar el derecho a un ambiente sano.