El Presupuesto nacional 2024 tuvo una reducción real del 26,3%, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34% y el 81%. Estos datos surgen de una nueva entrega del Monitor ambiental del Presupuesto. Entre los principales hallazgos del documento se destaca que:

• La Subsecretaría de Ambiente sufrió un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales, operando con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023.
• El presupuesto de la Administración de Parques Nacionales tuvo una caída real del 34%, impactando directamente en la cancelación de proyectos de infraestructura, como la reparación y construcción de senderos, ciclovías, galpones y edificios administrativos, y en las renovaciones contractuales de guardaparques y personal.
• La partida presupuestaria que expone las transferencias del Tesoro nacional al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos no fue ejecutada en todo el 2024, reflejando una desarticulación total de la política de conservación de bosques.
• El Servicio Nacional de Manejo del Fuego presentó una caída real del 81% en comparación al 2023. Esto se debió a una decisión política de sólo ejecutar $7.739 millones sobre los $33.142 millones disponibles, un 22% del total.
• Las partidas destinadas al saneamiento y mejora de infraestructura de la cuenca Matanza-Riachuelo sufrieron una ajuste del 76,6% en términos reales. En otras palabras, durante 2024 contaron con una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023.
• Los fondos para las partidas para la promoción de energías renovables y la eficiencia energética cayeron un 66,4% en términos reales. Esto se vió acompañado con el cierre del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables (FODIS) y la ejecución de apenas el 0,5% de los recursos del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER).

El desfinanciamiento de programas esenciales, como el manejo del fuego, la protección de los bosques nativos y el fomento de energías renovables, evidencia la falta de una planificación ambiental a largo plazo, en un contexto en el que los impactos de la crisis climática son cada vez más evidentes.

Un ejemplo de ello fueron los incendios en la Patagonia y Corrientes durante enero y febrero, que según reportes de la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales se quemaron 37.601 y 250.000 hectáreas de bosque, respectivamente. También las inundaciones en Bahía Blanca del 7 de marzo pasado, que dieron una muestra de cómo el cambio climático está alterando los patrones meteorológicos y cómo la infraestructura urbana no está preparada para gestionar el volumen de agua que cayó en un corto período de tiempo.

¿Cuáles son las prioridades del gobierno?

Si bien el presupuesto tuvo una reducción real del 26,3%, hay algunos sectores que no sufrieron grandes ajustes, como el hidrocarburífero y el pago de la deuda. Desde el gobierno nacional se mantuvo una estructura de subsidios que favorece ampliamente a las empresas del sector de gas y petróleo. De los $577.150 millones destinados a subsidios al gas, el 68,7% ($396.298 millones) fueron transferidos directamente a las empresas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) fueron destinados a facilitar el acceso a la energía y disminuir la tarifa energética.

Además, la caída en el financiamiento de ambas partidas mostró una distribución desigual: los subsidios a las empresas registraron una reducción real del 12,1%, mientras que los destinados a quiénes consumen cayeron un 38,9%. 

Otra de las partidas presupuestarias más privilegiadas fue la de Deuda Pública, con una caída real del gasto de apenas un 15,2%, muy por debajo del ajuste aplicado al Presupuesto en su conjunto. En 2024, el Gobierno nacional destinó $9.413.245 millones al pago de Servicios de la Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 91,6%.

En el gráfico siguiente se observa el bajo porcentaje de ejecución de las partidas ambientales en el 2024 en comparación con los tres años anteriores.

¿Quiénes sufren las consecuencias de la caída del presupuesto ambiental?

Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, se recortan partidas ambientales esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población. 

Los incendios en la Patagonia y Corrientes, que dejaron víctimas fatales y destruyeron más de 100 viviendas, son una muestra del costo humano de la falta de prevención. Del mismo modo, las inundaciones en Bahía Blanca, con 16 víctimas fatales y destrozos en toda la provincia, evidencian la necesidad urgente de adaptar nuestras ciudades al cambio climático para evitar nuevas pérdidas económicas y humanas irreparables.

Mientras tanto, desde el Gobierno continúan subsidiando a empresas hidrocarburíferas —favoreciendo a un sector con ganancias millonarias y con alto impacto socioambiental—, y las personas consumidoras enfrentan las consecuencias del ajuste fiscal. 

La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación con perspectiva de justicia socioambiental resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro.