La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro.

Por Ariel Slipak y Matías Cena Trebucq

El primer año del gobierno de Javier Milei estuvo marcado por un esquema de ajuste que impactó directamente en áreas sociales, culturales y ambientales. En un contexto de recorte del Presupuesto nacional, que en 2024 tuvo una reducción real del 26,3% en comparación con el 2023, las partidas ambientales tuvieron caídas entre un 34% y un 81% en términos reales.

El impacto de esta reducción presupuestaria va más allá de lo económico. Reducir los fondos destinados al cuidado del ambiente se traduce en daños concretos y devastadores tanto para los ecosistemas como para las personas. Además, genera costos a largo plazo aún mayores.

Al analizar el Presupuesto nacional se ve que: la Subsecretaría de Ambiente sufrió un recorte del 79,4%; la Administración de Parques Nacionales (APN), uno del 34%; el Servicio Nacional de Manejo del Fuego perdió un 81% de su presupuesto; y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos tuvo nula ejecución en todo el año. A esto se suma el ajuste del 76,6% en los programas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.