La Cámara de Apelaciones de Neuquén resolvió que el Gobierno Provincial debe brindar la información que se le solicitó respecto de los residuos provenientes de la explotación de hidrocarburos y sus impactos ambientales, sin poder ampararse en las divisiones administrativas internas.
En 2020 la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) le solicitó información a la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén para conocer los criterios de prevención ambiental aplicados en relación a los residuos peligrosos que genera el fracking, en Vaca Muerta.
FARN tomó conocimiento acerca de la falta de una adecuación específica en los sitios donde se acumulan los residuos peligrosos. Pese a esto, las autoridades continuaron autorizando la generación de más desechos, generando un grave riesgo para el ambiente.
Debido a la falta de respuesta por parte de la Subsecretaría se inició un reclamo judicial que se encuentra en trámite ante el Juzgado de Familia N° 2 bajo la carátula “FUNDACIÓN AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (FARN) C/PROVINCIA DE NEUQUEN S/ACCION DE AMPARO” Expte. Nº 100571/2021.
Al contestar la demanda, la Subsecretaría presentó una parte de la información requerida en términos generales y manifestó que gran parte de la información era de competencia de otras áreas del gobierno. La jueza de la causa dictó sentencia condenando al gobierno de Neuquén a brindar la información faltante, con apoyo en las leyes de acceso a la información y aplicando el Acuerdo de Escazú.
El gobierno provincial apeló la sentencia y la Cámara confirmó la decisión de primera instancia, con los argumentos presentados por FARN: El poder ejecutivo es uno solo y los principios jurídicos ambientales y administrativos obligan a la oficina requerida a consultar a las áreas correspondientes y remitir toda la información que le fue solicitada. De esta forma, queda reconocida la operatividad del Acuerdo y su aplicación a las provincias, y queda zanjada la división interna de la Administración en la obligación de informar.
Acceder a la información que solicitó FARN permitirá conocer las medidas de prevención, analizar su aptitud y determinar mejoras necesarias para que los residuos del fracking no supriman el derecho al ambiente sano de la población. La falta de conocimiento sobre los impactos del fracking que muestran las autoridades denota que se toman decisiones con el único objetivo de facilitar la actividad, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales.
Las autorizaciones se otorgan sin una verdadera evaluación ambiental, sin contemplar los impactos acumulativos y sin una planificación integral. Las autoridades y empresas deben ser transparentes, y la sociedad debe estar informada para poder ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones. La explotación de Vaca Muerta no puede continuar en el marco actual de ocultamiento y sin una Evaluación Ambiental Estratégica que permita la construcción de una licencia social para la actividad, minimizando los impactos socioambientales y en un plan de transición hacia energías limpias.