Haciéndose eco del grave daño ambiental de los incendios desatados desde hace meses en el Delta del Paraná, así como de las afecciones provocadas en la salud de las poblaciones de ciudades aledañas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar ayer, martes 11 de agosto de 2020, a un amparo contra la Municipalidad de Rosario, y las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, la Municipalidad de Victoria, y el Estado Nacional.
Así, los jueces del Máximo Tribunal del país resolvieron “disponer como medida cautelar que las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los Municipios de Victoria y Rosario constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental” (dentro de la estructura federal concertada en el llamado Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná —PIECAS-DP)”, que tenga por objeto abordar esta grave contingencia.
Las organizaciones FARN, Fundación CAUCE, Taller Ecologista y Casa Río, integrantes del programa Humedales sin Fronteras, celebramos esta resolución favorable de la medida cautelar solicitada en el caso «Equística Defensa del Medio Ambiente Asociación Civil» en tanto, a través de sus considerandos, pone en evidencia cómo la inacción de las autoridades durante los últimos 12 años condujo a la situación de emergencia que hoy padecen nuestros ecosistemas y sus comunidades.
La falta de decisión y ejecución de los planes construidos de manera participativa desde la suscripción de la Carta de Intención y de la constitución del Comité de Alto Nivel en el marco del PIECAS-DP son, desde el punto de vista de estas organizaciones, sencillamente inexcusables.
En el fallo, además de la constitución del Comité de Emergencia Ambiental, el Máximo Tribunal indica la importancia de preservar el valioso ecosistema del Delta, para lo que brinda un extenso catálogo de normas de la Constitución Nacional y de presupuestos mínimos de protección, con hincapié en una de reciente sanción, referida al cambio climático.
Las organizaciones que integramos Humedales Sin Fronteras valoramos la labor proactiva de quienes integran el Máximo Tribunal, y esperamos que el fallo se cumpla en los plazos y términos indicados, con medidas eficaces para la prevención, el control y la cesación de los incendios irregulares en la región, en los términos de la Ley 26.562. De esta manera se vela no solo por la salud de las poblaciones y los ecosistemas afectados, sino también por las generaciones que vendrán. La decisión de la Corte, además de brindar un marco para promover soluciones para el Delta -pedido que entre organizaciones de la sociedad civil data de meses-, es también un llamado al Congreso Nacional para que permita institucionalizar el PIECAS y sancione una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales. Asimismo, es un llamado a que las Provincias sancionen, oportunamente, normativas que acompañen y complementen.
Foto: Eduardo Bodiño (2020).