Colectivo Ribereño, asociación de vecinos de la Ciudad, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para proteger el Cauce Viejo del Riachuelo, un curso de agua de 800 metros de longitud, ubicado en el Parque Ribera Sur.
Esta área presenta gran valor ambiental, histórico y cultural. Alberga el último tramo de Riachuelo en la Ciudad de Buenos Aires que conserva el paisaje original de la zona, donde pueden observarse algunos rasgos del río Matanza-Riachuelo como era antes de las obras de rectificación que lo modificaron en 1930. A su vez, constituye el sitio de investigación arqueológica más antiguo dentro de la Ciudad.
Sobre el Cauce Viejo no hay ninguna clase de protección desde el Gobierno porteño, ni tampoco a nivel nacional, y para empeorar la situación, mediante la ley 4979 de la Ciudad se decretó un cambio de zonificación urbana. En ese momento, se autorizó la instalación de una planta de tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por el método de separación mecánico biológica, proyecto abandonado cuando el Gobierno de la Ciudad empezó a tramitar el uso de incineración de residuos.
En razón de la importancia ambiental, cultural e histórica de la zona y su abandono manifiesto consultamos a diversos organismos si están realizando algún tipo de acción para garantizar la protección del área correspondiente al Cauce Viejo del Riachuelo y para que indiquen las acciones y gestiones que están llevando a cabo para su protección legal.
En primer lugar hicimos esta consulta a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la respuesta que obtuvimos fue imprecisa y evasiva, ya que menciona que “realiza diversas acciones en su rol de Autoridad de Cuenca en todo el territorio de su competencia. Que están tipificadas en las distintas normativas del organismo y se relacionan con regular, controlar y fomentar, las distintas actividades que se llevan a cabo en el ámbito de la Cuenca”. De esa respuesta no se obtiene ninguna especificación ni detalle de alguna clase de actividad/acción relacionada a cumplir con su función de “armonizar, coordinar y articular con las autoridades locales”.
Con el objeto de conocer si esta protección se estaba llevando a cabo por alguno otra dependencia u organismos requerimos información a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y como respuesta obtuvimos que en la actualidad “no se encuentra desarrollando tareas puntuales sobre el espacio mencionado”. Manifestaron que “dentro de las funciones y responsabilidades de esta área técnica no se encuentra la ejecución de tareas de conservación”. A su vez especifican que tomaron conocimiento del cambio de zonificación que se llevó a cabo mediante ley 4979, pero no tomaron intervención en el mencionado cambio.
También realizamos un pedido de información a UPECUMAR, referido a las tareas de conservación y protección del predio. Desde el organismo nos contestaron que son “los encargados de articular y organizar la realización de todas las actividades y proyectos vinculadas a la cuenca Matanza-Riachuelo relacionadas al cumplimiento del PISA. La UPECUMAR no tiene facultades de gestión ni ejecutivas”. Además, confirmaron que el “área no se encuentra protegida por alguna norma ni ha sido considerada legalmente como un área de restricciones especiales y se ubica en un predio gestionado por OBSA”. En razón de esto el Organismo aclaró que “no tiene facultades para intervenir en el área en cuestión ni garantizar su protección ni intervenir en el cambio de zonificación”.
Como la ley establece un cambio de zonificación del uso del suelo para instalar una “planta de tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por el método de separación mecánico-biológica”, se consultó a la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías, Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad acerca del estado de situación se encuentra el Programa referente a la “Instalación de plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) en la Ciudad de Buenos Aires”. La respuesta obtenida señala que “en el contexto de las nuevas tecnologías que se incorporaron al mercado, y se decidió paralizar el programa en atención a que el contexto y las circunstancias resultaban diferentes, y consecuentemente, había que evaluar las nuevas tecnologías considerando costos, implementación, procesos, beneficios y perjuicios de cada una”. Lo cual manifiesta que no hay demasiado detalle de las nuevas tecnologías que se estaban evaluando y los parámetros bajo los cuales se estaban evaluando.
Como resaltamos al inicio de este artículo, la importancia del área y la falta de protección de parte de las autoridades llevaron a la presentación de un proyecto de ley, desde Colectivo Ribereño, junto con los legisladores Javier Andrade y Victoria Montenegro. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales celebra este proyecto (Expediente 2881-P-2018, en www.parlamentaria.legislatura.gov.ar) y espera que se logre su pronta aprobación e implementación.