La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) realizó el pasado 6 de septiembre un pedido de Informe a la Secretaría de Energía y otro a Enarsa en el que se solicita se informe:
- Los motivos de la ausencia del proceso licitatorio en dicha compra.
- A qué se debe la ausencia de información acerca del precio de compra y el plazo del contrato en cuestión, que duplica en su duración en algunos casos, a los contratos de este tipo.
- Cuáles son los planes de contingencia ante eventuales problemas ambientales que pudieran surgir en el proceso de carga, descarga, transporte y regasificación. Asi cómo si existe el establecimiento de una zona crítica en torno a la realización de dichas actividades.
MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN
El pedido de informe de FARN se enmarca en la necesidad de transparentar los mecanismos de contratación que hace el Estado, más aun cuando se trata de recursos energéticos principales como es el gas natural para nuestro país.
El incremento de consumo energético asociado al crecimiento económico de los últimos años en nuestro país se basó en energía proveniente del petróleo y del gas natural, ambos con subsidios del Estado Nacional. Ello pone de manifiesto la falta de diversificación de la matriz energética, evidenciando una alta dependecia de fuentes energéticas no renovables.
El gas es el principal recurso energético en Argentina. Si bien nuestro país tiene grandes reservas de gas natural, desde 2002 estas reservas comenzaron a disminuir, tanto es así que en 2011 las reservas son la mitad de lo que eran en 2003, motivo por el cual se redujeron las exportaciones a Chile junto con un incremento de las importaciones, principalmente de Bolivia.
Frente a esta situación de baja en las reservas y escasez en la exploración, el Gobierno firmó un acuerdo con Qatar para la provisión de 5 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), el equivalente a un 18% del total de la demanda actual de ese combustible, con un contrato por 20 años, a partir de 2014. Dicho acuerdo no sólo se gestó sin licitación sino que además no fueron explicitados los precios pactados.
En relación a ello, cabe resaltar que resulta imprescindible que este tipo de contrataciones cuenten con los procesos de licitación pública tendientes a “seleccionar al privado más idóneo para celebrar el contrato de forma que resulte en las mejores condiciones para el Estado que selecciona”. Para ello se debe contar con los procesos adecuados de información y publicidad mediante los canales legales y reglamentarios.
En este caso en particular, no se abrió un proceso licitatorio para la compra de tal magnitud de GNL, así como tampoco se estableció ni su precio de compra ni la duración del contrato. Tampoco se ha aclarado cuál será el impacto ambiental de las obras que requieran realizarse para la concreción de dicha operación. Por ejemplo, se prevé la construcción de un puerto especial para la regasificación del gas en Golfo San Matías, Río Negro, y un gasoducto de 210 kilómetros para conectar esas instalaciones con la red de gasoductos, pero se desconocen si se han realizado estudios de impactos ambiental y si se ha cumplido con los mecanismos de participación ciudadana reglados.
Por lo expuesto, resulta necesario transparentar los mecanismos de contratación que realiza el Estado, máxime teniendo en cuenta la necesidad de contar con un debate estratégico, serio y transparente, respecto de la situación energética nacional, que deje de lado cuestiones sectoriales y que necesariamente debe involucrar cuestiones sociales, ambientales, económicas, innovación, tecnología, riesgos y desafíos que aún no han sido descubiertos o resueltos.
Pedido de Informe a la Secretaría de Energía – 05 de septiembre de 2011
Pedido de informe a ENARSA – 06 de septiembre de 2011