Organizaciones sociales, académicas y territoriales expresan su preocupación por el veto presidencial a la ley que modificaba la distribución de los ATN y llaman a repensar su uso, proponiendo un esquema que asegure transparencia, planificación y criterios ambientales en la asignación de estos fondos.
Desde las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación frente al veto presidencial a la ley que modificaba el régimen de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), norma que había sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. El uso reiterado del veto presidencial, sin instancias previas de diálogo o construcción colectiva, socava los principios de una democracia representativa robusta, debilitando el rol del Congreso como ámbito de deliberación plural y afectando el diseño de políticas públicas que exigen consensos duraderos.
La ley vetada representaba un avance respecto del esquema vigente: por primera vez desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal (N.º 23.548), se proponía la distribución automática del 1 % de la masa coparticipable destinada a los ATN, con el objetivo de evitar su concentración en el Poder Ejecutivo Nacional y su asignación discrecional, históricamente asociada a criterios político-partidarios. Esta reforma buscaba dar previsibilidad a los recursos, permitiendo que las provincias accedieran a ellos de manera regular y conforme a parámetros ya establecidos en la legislación vigente. A su vez, respondía a un problema grave de subejecución presupuestaria: en 2024, de los casi $680.000 millones disponibles, solo se utilizaron $49.800 millones, el 7,3 %.
No obstante, también es preciso señalar los límites de dicha norma: si bien resolvía el “cómo” se distribuyen los fondos, no abordaba el “para qué” ni el “bajo qué condiciones”. La propuesta aprobada en el Congreso omitía establecer criterios para garantizar que esos recursos se utilizarán en función de necesidades sociales, ambientales o de infraestructura pública. De esta forma, se corría el riesgo de trasladar la discrecionalidad del nivel nacional al provincial, sin mejoras en términos de transparencia, planificación o rendición de cuentas. En un escenario atravesado por múltiples crisis —climática, ecológica, social y económica—, esta omisión no es menor.
En un trabajo conjunto entre diversas organizaciones sociales, académicas y territoriales, hemos elaborado una propuesta que aborda simultáneamente el problema del reparto y el del uso. El proyecto establece un esquema de doble asignación:
- El 40 % de los ATN se destinaría a obras públicas de prevención, mitigación y adaptación frente a desastres socioambientales, reforzando las capacidades locales.
- El 60 % restante se canalizaría a través de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Climáticos, con reglas claras, criterios técnicos y mecanismos de control y auditoría. En caso de no utilizarse la totalidad de los fondos se repartirán automáticamente a las provincias de manera trimestral.
Este diseño articula justicia ambiental con justicia fiscal, fortalece el federalismo y asegura una mejor respuesta estatal frente a eventos climáticos extremos que, en un contexto de crisis climática, se presentan con mayor frecuencia e intensidad. Además, permite alinear la política fiscal con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
La experiencia reciente nos interpela: frente a inundaciones en Bahía Blanca, incendios en Córdoba y la Patagonia, o temporales en el norte del país, los fondos estaban disponibles pero no fueron utilizados. No se trata solo de números: hablamos de vidas, de territorios, de derechos vulnerados.
Si bien el veto presidencial prácticamente obtura que la asignación de Fondos ATN pueda volver a discutirse en el parlamento por un período de 12 meses, igualmente, frente a este escenario, reafirmamos la necesidad urgente de repensar el rol de los ATN bajo una lógica de planificación, equidad y enfoque ambiental. No alcanza con asegurar el reparto: es imprescindible establecer lineamientos normativos claros que aseguren un uso estratégico de estos fondos en función del interés público y los desafíos ambientales del país, relanzando este proyecto para el momento en que los tiempos legislativos lo permitan
Convocamos a legisladores, gobiernos provinciales, organizaciones sociales y ambientales, y a la ciudadanía comprometida, a retomar este debate con una mirada transformadora, que sitúe el derecho a vivir en territorios resilientes y protegidos en el centro de la política fiscal nacional.