El Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco habilitó recientemente la intervención de terceros en calidad de “amicus curiae” en la causa judicial que cuestiona la constitucionalidad de la Ley Provincial Nº 4005-R, que actualiza el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) chaqueño. En este contexto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amicus curiae para acercar aportes técnicos y jurídicos.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida el 29 de julio del 2024 por la Asociación Civil Conciencia Solidaria al Cuidado del Medioambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos, quien denunció graves irregularidades tanto en el proceso de actualización del OTBN como en el proceso legislativo que derivó en la sanción de la ley, aprobada en abril del 2024. Entre otros puntos, se cuestiona la vulneración de principios fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos y diversos tratados internacionales. Asimismo, se solicitó la suspensión de los desmontes autorizados en zonas de categoría II (amarillo) hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
En el marco de la causa, FARN presentó el pasado 30 de marzo un escrito solicitando que se abra la presente causa a la intervención de “amicus curiae”. La participación de terceros interesados fortalece el debate y la deliberación judicial en causas de trascendencia colectiva y de interés público, como es la protección de los bosques nativos del Chaco, uno de los ecosistemas más amenazados de la Argentina.
En la presentación, se alertó que la Ley 4005-R —y su modificatoria más reciente, la Ley 4152-R— representan un retroceso en los estándares de protección ambiental, en contravención del principio de no regresión, reconocido en el derecho constitucional y ambiental argentino, y de los compromisos globales de biodiversidad asumidos por el país a 2030. También se aportaron observaciones sobre las falencias estructurales del proceso de actualización del OTBN, entre las que se encuentran: la ausencia de una metodología técnica adecuada para la zonificación, la omisión de planes de restauración de áreas degradadas y deficiencias cartográficas que afectan la claridad e implementación del OTBN.
Asimismo, se destacó la falta de participación pública y la ausencia de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios que habitan las zonas afectadas y dependen directamente de estos ecosistemas para sostener sus medios y modos de vida, en incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en nuestro país.
FARN reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la participación ciudadana, el respeto de los marcos normativos vigentes y la protección de los bosques nativos como pilares fundamentales para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y climática reinante.