Las organizaciones de la sociedad civil realizamos el 6 de diciembre un debate abierto sobre distintos temas que consideramos centrales de la agenda del G-20 y que la presidencia argentina no puede dejar de abordar.

Entre los principales ejes de discusión se propuso hablar, por un lado, sobre aspectos vinculados al creciente rol del sector privado en la economía global, el impacto de los flujos financieros ilícitos y las empresas off-shore, así como el creciente rol de las asociaciones público-privados para la provisión de infraestructura y sus distintos riesgos. Por el otro, aspectos centrales de la agenda social y ambiental que reflejan los cambios de la economía global y los desafíos para un modelo más inclusivo y que respete los bienes naturales.

El evento fue moderado por Marcelo Saguier (CONICET/UNSAM), y los panelistas, especialistas en los distintos temas, compartieron los principales problemas vinculados a los ejes temáticos que el G-20 deberá abordar, reflexionando sobre los desafíos para la presidencia argentina.

Iván Ruíz, periodista de investigación, expuso sobre la situación de los flujos ilícitos -con foco en Panama Papers- y explicó que la evasión es el principal delito, por lo cual es imprescindible la legalidad, para dar cuenta de todo el sistema offshore y su complejidad. “Es un sistema sumamente autoprotector de sí mismo, por eso es necesario que haya concientización social sobre los paraísos fiscales, lo que éstos significan, y los fondos financieros ilícitos que se mueven en ese medio. En general la sociedad desconoce que una sociedad offshore está utilizando y manejando sus impuestos”.

María José Romero (Eurodad – Red Europea de Desarrollo y Deuda) trató sobre el rol de las asociaciones público-privado, a partir del cual se trató la importancia del financiamiento de infraestructura para lograr el desarrollo sostenible. “El sector público es el principal financiador de los proyectos de este tipo, porque el sector privado no se ve tentado a invertir, ya que no se obtiene de los mismos un rédito inmediato y puede ser económicamente riesgoso, ya que terminan siendo mucho más costosos de lo que se planeó”.

Consideró que Argentina está en una posición de privilegio, ya que al ser un recién llegado a esta agenda de asociaciones público-privadas puede revisar lo  realizado hasta el momento y enfocarse en lo que funcionó, planteando una agenda que responda a las necesidades de Latinoamérica, encaminándola hacia una economía que dependa menos de la extracción de recursos naturales.

Respecto a la situación de las transformaciones sociales que se dan a raíz de los cambios en el sistema de producción global, Jorge Carpio (FOCO) destacó que hablar del G20 exige debatir sobre el impacto de una revolución tecnológica que está modificando qué, cómo y para quién se produce. “Modifica las normas de la sociedad y la economía, teniendo como uno de sus efectos el cambio en el proceso democrático y la redistribución espacial de la población y su perfil demográfico mundial”.

Resaltó que la coyuntura no se le parece a ninguna anterior, es un cambio sustancial clave; la lucha por el centro del poder se trasladó a Oriente. Todo esto construye un mundo de altos niveles de conflictividad, con marcos institucionales que son insuficientes.

En el cierre del debate, Andrés Nápoli (FARN) destacó que al analizar el desarrollo sostenible es imprescindible defender el proceso de la legalidad ambiental, ya que se han planteado una multiplicidad de cuestiones para impedir que esa vigencia exista, ya sea derogando normas e incumpliéndolas sistemáticamente, lo cual provoca que Argentina tenga más de 40 conflictos ambientales sin resolver, o tomando en cuenta lo que se llama la alegalidad, referida a hacer creer que se cumple con las normas para que se concluya en resultados adversos, y esto se ve en la mayor parte de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

“Hay una carta muy fuerte que jugar allí, debemos hacer una gran apuesta para lograr que estos procedimientos sean verídicos, que la participación sea virtuosa, porque creemos que estos procesos de intercambio son imprescindibles para que se logren políticas públicas teniendo en cuenta la mirada de cada sector”, concluyó.

Esperamos poder seguir participando de los distintos debates necesarios para que las decisiones que generen desde el G-20 tengan en cuenta la opinión de la sociedad civil y los distintos grupos sociales.

Por eso, esperemos las restricciones y limitaciones que sufrió la participación de la sociedad civil en el ámbito de la OMC no se vuelvan a repetir.