Conmovidos por la reciente carta publicada en el Diario El País de James Cavallaro, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifiesta su preocupación por la desesperanzadora señal que esta situación transmite al mundo y, en especial a América Latina.
La amenaza financiera que sufre la CIDH por estos días impacta significativamente no sólo desde su grado de reconocimiento y efectiva gestión de documentación e investigación de la situación de los derechos humanos. Sino también afecta profundamente al seguimiento, monitoreo y solución de controversias, aplicación de marcos existentes, y sanción y recomendaciones a Estados sobre casos de violación de derechos humanos fundamentales. Además significa dar un paso atrás en el avance impostergable de valiosas investigaciones, como el informe presentado el pasado 6 y titulado «Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo» (puede ser consultada aquí).
Como este caso, la mayor parte de su trabajo responde un consolidado escenario de injusticias ambientales que sobrellevan distintas poblaciones vulnerables, en su gran mayoría, en términos sociales, políticos, económicos y ambientales. La mayoría de ellos los encausa la CIDH e incluso algunos llegan la Corte Interamericana logrando una sentencia ejemplar y concluyendo el círculo virtuoso que comanda el organismo. Un caso ejemplares el que impulsó la comunidad Kichwa de Sarayaku (Ecuador) con el objetivo de que se le respetara el derecho de consulta y consentimiento libre previo e informado sobre el uso de las tierras y recursos naturales frente a intereses de explotación de hidrocarburos (puede ver el caso Aquí).
En definitiva, este recorte financiero no solo revela una poda de recursos humanos altamente calificados y el sostenimiento de toda una estructura de trabajo. Significa también la reducción de su capacidad de visibilizar la voz de quienes los grandes poderes económicos buscan silenciar. Significa un vaciamiento de contenido a un organismo que tiene un rol fundamental para la justicia social y ambiental en todo el continente. Significa un recorte a grandes avances consagrados para alcanzar mayores niveles de respeto, tolerancia, igualdad y equidad entre los seres humanos.