Ayer, 22 de abril, en el Día de la Madre Tierra, y tras haber conseguido 12 ratificaciones, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, finalmente entró en vigor.
“El Acuerdo de Escazú es una herramienta que debe ser utilizada para construir un futuro distinto que cambie nuestro estilo de desarrollo y que nos acerque al buen vivir, superando la visión antropocéntrica y adoptando una mirada ecocéntrica, en la que la humanidad se conciba como parte de la naturaleza y no como su dominador”. Con estas palabras, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio inicio al evento que el organismo llevó adelante para celebrar la entrada en vigencia del tratado.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento basado en derechos que le brinda a la ciudadanía herramientas para ser protagonista de las decisiones que se toman a su alrededor, proteger el ambiente y a las personas que lo defienden: “El tratado materializa la necesidad de comenzar a abrazar a la gente que está en los territorios, que en América Latina y el Caribe, en varias ocasiones, por defender el ambiente, paga con su vida”, expresó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.
La entrada en vigencia del Acuerdo fomenta espacios de diálogo e intercambio. En América Latina y el Caribe emergen problemáticas que son comunes a toda la región: la depredación de la biodiversidad, la desertificación y el auge de los incendios. Sin embargo, no surgen respuestas conjuntas frente a estas situaciones. Escazú es un espacio para fomentar planes de acción integrados entre toda América Latina y el Caribe.
A partir de ahora, comienza la lucha que aboga por la efectiva implementación de Escazú: “Este no es el final, sino un paso más en el camino. Debemos seguir trabajando para lograr más ratificaciones y adhesiones, y haciendo el máximo esfuerzo para garantizar una pronta implementación”, afirmó en su turno Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica, país donde se adoptó el Acuerdo.
En esta misma línea, Nápoli sumó: “La principal contribución del Acuerdo es el desafío que viene, que es su implementación. Lo importante es que mejore la calidad de vida de las personas que habitan en América Latina y el Caribe: que salve la vida de defensores, que garantice la participación de los diversos sectores de la ciudadanía, y que a su vez, permita que sus voces sean realmente escuchadas cuando se toman decisiones. Escazú tiene vida propia, ya está caminando, está en nuestras manos hacer que brinde buenas respuestas”.
Escazú construye un puente entre la cuestión ambiental y la perspectiva de derechos humanos. Además, es una muestra palpable de multilateralismo y de trabajo colaborativo. Es un acuerdo hecho por y para la región, que contó con el involucramiento de los gobiernos y de la sociedad civil. América Latina y el Caribe debe sentirse orgullosa por haber conducido un proceso de negociación tan inclusivo y participativo, que dio como resultado un tratado de altísima legitimidad democrática. Esperamos que este hecho sea un faro para la construcción de un nuevo tiempo ambientalmente más sostenible y socialmente más justo.