El 14 de febrero de 2025, un nuevo sismo de 3,7 grados en la escala de Richter sacudió a la localidad de Sauzal Bonito, en la provincia de Neuquén. Este evento se suma a una preocupante tendencia de actividad sísmica en la región, que coincide con la expansión del fracking en Vaca Muerta. Vecinas y vecinos de la zona reportaron nuevamente daños en sus viviendas y manifestaron el temor sufrido durante el evento y ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.
Los datos recopilados por especialistas señalan que, desde 2015, cuando se inició la explotación mediante fracking, se ha registrado un proceso de activación sísmica sin precedentes. Este patrón se ha observado en otros lugares del mundo con actividad hidrocarburífera similar, donde la inyección de fluidos a alta presión ha generado eventos sísmicos que afectan la seguridad de las comunidades.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), hemos advertido reiteradamente sobre la relación entre la fractura hidráulica y el aumento de la actividad sísmica en la Cuenca Neuquina. Históricamente considerada de baja sismicidad, la zona ha experimentado un incremento notable de temblores desde la intensificación de las operaciones extractivas en yacimientos como Bajada del Palo Oeste y Fortín de Piedra.
A pesar de la creciente evidencia, las empresas, los organismos responsables y los estados nacional y provinciales continúan sin brindar información clara y accesible sobre los riesgos asociados a estas actividades. El acceso a datos sísmicos y ambientales es un derecho de la población, amparado por normativas como el Acuerdo de Escazú, pero la falta de transparencia impide conocer con precisión el impacto real del fracking en la región.
En paralelo, el financiamiento público muestra una alarmante disparidad en la asignación de recursos. En 2024, el Presupuesto nacional destinado a la actividad de Prevención Sísmica, bajo la órbita de Infraestructura Económica y Social y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, aumentó de $611 millones a $2.045 millones. Sin embargo, este incremento resulta ínfimo en comparación con los subsidios directos otorgados a las empresas hidrocarburíferas para la extracción de gas, que alcanzaron una ejecución de casi $400.000 millones. Esto significa que se destinaron 212 veces más recursos a una actividad con incidencia comprobada en la sismicidad inducida por el fracking que a la prevención de sus impactos.
Para 2025, según datos al 12 de febrero, el presupuesto para la actividad de Prevención Sísmica es de $2.045 millones, con una ejecución de $129 millones, mientras que los subsidios a la oferta de gas tienen un presupuesto de $411.446 millones y una ejecución de $5.230 millones, superando en 40 veces la inversión en prevención sísmica.
Este nuevo sismo es un recordatorio de las consecuencias de apostar por un modelo extractivista que prioriza las ganancias privadas por sobre el bienestar de las comunidades y la protección del ambiente. En un contexto de crisis climática, Argentina debe avanzar hacia una transición energética justa que deje atrás la dependencia de los combustibles fósiles y sus impactos socioambientales.
Desde FARN reafirmamos la necesidad de una revisión profunda de las políticas públicas que favorecen la expansión del fracking, incluyendo los cuantiosos subsidios a la oferta que hemos mencionado que sostienen esta actividad a costa de los recursos estatales y del territorio. Exigimos, además, que se garantice el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano y libre de amenazas evitables, como lo es la sismicidad inducida.
La situación en Sauzal Bonito y otras localidades cercanas a Vaca Muerta es insostenible. Es urgente que se tomen medidas concretas para proteger a sus habitantes y evitar que estos eventos sigan ocurriendo. La transición energética no puede construirse sobre cimientos inestables ni sobre los derechos vulnerados de quienes habitan estos territorios.