Organizaciones ambientales, de derechos humanos y del sector académico lanzaron ayer el Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú en Argentina, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Este proyecto tiene como objetivo realizar un monitoreo del estado de implementación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú en Argentina y obtener información territorial sobre distintos casos judiciales e iniciativas legislativas. Además, también se propone analizar los obstáculos en materia de acceso a la información y la participación de la sociedad en la toma de decisiones.
“En un contexto de negacionismo climático, de desregulaciones y retrocesos en materia ambiental, social y de derechos humanos, el Observatorio viene a marcar una hoja de ruta para señalar el camino hacia el cumplimiento integral del Acuerdo de Escazú”, señaló Pia Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ayer durante el evento de lanzamiento.
Por su parte, Florencia Gómez, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), explicó que el Observatorio es un espacio abierto, colaborativo, creado para pensar qué es lo que esperamos del Acuerdo de Escazú, sus estándares y cumplimientos. “Buscamos generar información para incidir”, afirmó Gómez. Además, hizo hincapié en el riesgo de las medidas políticas adoptadas en los últimos meses, señalando que “la situación que se avecina con la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representa una afrenta a los derechos humanos y ambientales”.
A partir de los datos obtenidos por el Observatorio, las organizaciones de la sociedad civil y la academia propondrán líneas de acción para instar a las autoridades a que cumplan de manera integral y efectiva con el Acuerdo, asegurando su implementación en el territorio nacional.
“Este esfuerzo entre la academia y la sociedad civil busca que los derechos ambientales sean tomados en serio. En un contexto de retrocesos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la tarea de quienes defienden los derechos de la sociedad es crucial”, indicó Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de FARN.
El proyecto es llevado adelante por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina; el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Sustentabilidad Sin Fronteras; el Centro de Derecho Ambiental (CEDAF); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA); Consciente Colectivo; el Proyecto Meulen; el CONICET Santa Fe, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); la Universidad de Salta.