Se cumple un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en Argentina, el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe (LAC), y el primero en el mundo en adoptar garantías para la protección integral de las personas defensoras del ambiente y derechos humanos.

Según el informe Global Analysis de Front Line Defenders, en 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de los derechos humanos en el mundo. El 69% de ellas trabajaba en la defensa de la tierra, el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Según los datos, América Latina y el Caribe es la región más peligrosa para defensores y defensoras ambientales, ya que es donde se han registrado 264 asesinatos.

En este marco, se dio la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú en la sede central de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Allí se presentaron las voces de diferentes actores de la sociedad civil que vienen impulsando el Acuerdo de Escazú en la región, con miras a lograr mecanismos para la implementación del tratado de manera efectiva, incluyente y plural. 

Argentina es uno de los 12 países de los 33 de la región que lo ha ratificado y eso es un paso adelante sin lugar a dudas. Ahora es el momento de generar políticas públicas concretas en coordinación con las provincias y Nación para implementarlas en el territorio con diagnósticos previos, audiencias y procesos de participación que se adecuen a los estándares establecidos por que establece el Acuerdo de Escazú.