Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales condenamos el operativo policial dirigido contra cuatro comunidades mapuche en Neuquén ocurrido el domingo 20 de julio de 2025. Las cuatro comunidades —Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas— mantenían un acampe pacífico frente a la Casa de Gobierno para exigir el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas, derecho amparado por la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú. 

El reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas es esencial no sólo para su identidad cultural, sino también para garantizar su derecho a ser consultados en proyectos que afectan sus territorios, como lo es la explotación de Vaca Muerta y los proyectos aledaños a muchas de las comunidades, como el previsto en las inmediaciones del lago Mari-Menuco.

El accionar de la policía frente a esta manifestación pacífica y legítima es preocupante en tanto significa una violación flagrante de derechos democráticos y ambientales, y suma un hecho más de violencia estatal contra comunidades que ejercen sus derechos. Estamos ante la criminalización de personas y movimientos que exigen participar en decisiones que afectan el agua que consumen y el aire que respiran. 

No se puede avanzar hacia una transición socioecológica justa —ni defender la biodiversidad, el clima, la salud o el ambiente— sin un marco democrático sólido y con garantías para los defensores del ambiente. Criminalizar protestas pacíficas es un obstáculo directo a la justicia ambiental y una evidente violación a convenios internacionales suscriptos por la Argentina como el Acuerdo de Escazú, que reconoce la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y el derecho a un entorno seguro y propicio en el que puedan actuar sin amenazas, inseguridad ni restricciones.

Defender la vida y el territorio no es un delito; es un derecho. Exigimos que se garantice el derecho de las comunidades originarias a ser consultadas, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, como así también su participación en proyectos que afectan sus territorios, respetando de manera plena los derechos humanos.