El Gobierno presentó el proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2022.  Si bien, éste todavía necesita la aprobación del Congreso es importante hacer hincapié en el hecho de que algunos de sus puntos clave no se condicen con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París, como comenzar a llevar a cabo la transición energética y a darle protagonismo a las fuentes de recursos renovables. 

En primer lugar, los subsidios a los combustibles fósiles para las empresas que extraen gas alcanzarán el 0,62% del presupuesto (0,10% para Vaca Muerta y 0,52% para el plan Gas.AR). Los subsidios al consumo de combustibles fósiles representan el 0,45% del presupuesto. Mientras que a CAMMESA e IEASA se les otorgará, para hacer frente a la diferencia de precios en la comercialización de la energía, un 4,5% del total del Presupuesto 2022.

 Por otro lado, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) recibirá un 4% de lo que reciben las empresas hidrocarburíferas en concepto de subsidios a la oferta.

También, Atucha III (central nuclear) recibirá USD 7.900 millones para las operaciones de crédito público, operaciones por las que el país incrementará su caudal de deuda. Mientras que los 7 proyectos asociados a operaciones de crédito público para la generación de energía a través de parques eólicos o solares totalizan solo USD 785 millones, diez veces menos.

Además, las grandes hidroeléctricas como Kirchner-Cepernic (otrora Cóndor Cliff-La Barrancosa) recibirán $21.975 millones, un monto similar al presupuesto total destinado al Ministerio de Ambiente de la Nación.

Otra cuestión relevante dentro del presupuesto es que la Ley de Bosques recibirá tan solo $1332 millones, es decir, un 3,3% de los fondos que le corresponden por ley. El monto equivale al 0,01% del total del presupuesto. Además, solo se destinarán $22/ha para la protección de los bosques en áreas rojas y amarillas. Los bosques cultivados, por su parte, contarán con $78/ha.

El presupuesto refleja la necesidad de dar respuesta a la crisis económica en la que nuestro país está sumergido, pero siempre con un horizonte de planeamiento a corto plazo.

Para que la política ambiental tenga una mirada superadora, con objetivos y proyecciones a largo plazo, debe ser dotada de fondos que manifiesten la real voluntad de cumplir con los compromisos asumidos en materia ambiental, climática y de derechos.