En 2009, como miembro del G20, Argentina se comprometió a reformar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. En Argentina, los subsidios a las empresas de energía, en la forma de transferencias presupuestarias directas, pasaron de representar un 2 % del gasto público en 2004 a un 10 % en 2015 (Zanotti et al., 2017). Esta situación condujo a un incremento en el consumo energético desde 2004, basado en energía proveniente del crudo y del gas natural, ambos con subsidios del Estado Nacional. Estos subsidios fueron una herramienta cortoplacista para compensar a las empresas petroleras por los atrasos tarifarios, la inflación y la falta de inversión. Sin embargo, con el cambio de gobierno a finales del año 2015, la propuesta se basó en la reducción de los aportes del Tesoro Nacional a esta clase de subsidios. Esto se tradujo en la finalización de varios planes de estímulo a la explotación de petróleo.

En 2017, los subsidios a los productores de petróleo se redujeron en comparación con 2016, de la mano del incremento de los precios internos, a partir de la puesta en vigor de los procesos de revisiones tarifarias integrales. Se tomó la decisión de apoyar la producción de gas no convencional y, de esta manera, atraer nuevas inversiones para Vaca Muerta, un gran reservorio de petróleo y gas no convencional. Si bien se finalizaron muchos programas de fomento de producción de petróleo, el gobierno mantuvo en el apoyo a la producción de gas.

En el documento adjunto, un análisis exhaustivo de la quita de subsidios a la explotación petrolera en Argentina.