La sanción de la Ley de Bosques, a fines de 2007, fue un avance sin precedentes en materia ambiental para nuestro país: un logro trascendental en la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental. La Ley ha tenido impactos positivos y fundamentales: generó una política de estado donde antes reinaba la desidia y produjo una desaceleración de la deforestación en nuestro país. El escenario sin Ley de Bosques sería totalmente distinto, en detrimento de nuestro monte.

Sin embargo, Argentina continúa en emergencia forestal. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó recientemente a la Argentina entre los diez países que más desmontaron en los últimos años. Según los informes oficiales de la autoridad ambiental nacional, el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. El documento adjunto de FARN explica cómo el mecanismo de recategorización predial permite limitar, mediante un sencillo trámite administrativo, la protección lograda a través de un extenso proceso participativo.