Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Cuerpo Colegiado presentamos una acción de revocatoria contra la decisión del pasado 22 de octubre que puso fin al proceso de ejecución del caso colectivo estructural “Mendoza”, que tenía el objetivo de asegurar el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y la protección de los derechos socioambientales de la población afectada por su contaminación.

El 27 de octubre, la Asociación Vecinos de la Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que integramos el Cuerpo Colegiado, nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para recurrir la decisión regresiva que dio por finalizado el proceso de ejecución de la sentencia dictada por el máximo tribunal en 2008.

En el recurso de revocatoria in extremis presentado sostenemos que los criterios utilizados para finalizar el proceso, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso “Mendoza”. La creación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), sobre el cual la propia Corte ya había señalado en 2018 su bajo grado de cumplimiento, y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), también objetada por su debilidad para ejercer su rol de autoridad metropolitana y su escaso rendimiento, no resultan motivos suficientes para que la CSJN se retire del caso. 

Estos argumentos implican un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte, que ahora toma como base para su decisión los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos. Estos problemas ya fueron señalados en nuestra  última presentación del 17 de junio del 2024, y omitidos por los jueces de la Corte. El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia ACUMAR, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa. 

Por estos motivos, le solicitamos formalmente a la Corte que revise su decisión de poner fin al proceso, que se convoque a una audiencia pública y que se asegure un mecanismo de participación directa para que la población de la cuenca sea escuchada y su opinión sea tenida en cuenta en este proceso.

Firman:

Asociación Vecinos de la Boca 

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)