Organizaciones de la sociedad civil enviamos una carta a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en la que le pedimos que vete la ley sancionada por la Legislatura el pasado 27 de noviembre, que declara la emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales, prohibiendo así la creación de nuevas áreas protegidas por el plazo de 1 año, prorrogable hasta por 12 meses más. 

Esta prohibición, tristemente inédita a escala nacional y global, no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo: el deterioro de los suelos por sobrepastoreo y la falta de un ordenamiento ambiental del territorio participativo

El ordenamiento territorial es la herramienta de gestión que permite abordar de forma integral -y con la participación de todos los actores interesados- las intervenciones en el territorio, incluyendo una evaluación holística de aspectos sociales, económicos, productivos y ambientales.

Las áreas protegidas no son un obstáculo al desarrollo. Estas aseguran bienes y proveen servicios ambientales como la captura de carbono, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, flora y fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano.

Hoy en día, las áreas protegidas no alcanzan el 8% del territorio santacruceño. Buena parte de ellas permite múltiples usos, promoviendo prácticas sostenibles, en armonía con el cuidado de los recursos naturales.

Por lo tanto, pedimos el veto a la Ley de Emergencia en Materia de Posesión y Tenencia de Tierras Rurales recientemente sancionada, y que se habilite un proceso abierto de diálogo multisectorial para avanzar en un ordenamiento territorial para Santa Cruz.

Al pie de este comunicado, se adjunta la carta enviada por las organizaciones a la Gobernadora de Santa Cruz.