Por Ariel M. Slipak y Camila Mercure

Las intensas lluvias del último fin de semana, que provocaron anegamientos y daños materiales en distintas zonas del país, golpeando especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires, vuelven a mostrarnos una realidad que, por repetida, no debería ser naturalizada: las pérdidas humanas, económicas y sociales asociadas al cambio climático son cada vez más frecuentes y severas, y en muchos casos, evitables. Ya no es una sorpresa, pero sí una tragedia.

Hay tres personas fallecidas, más de 2900 evacuadas y una importante cantidad de desaparecidos. Las lluvias acumuladas superaron los 400 milímetros en algunas zonas, provocando inundaciones generalizadas, desbordes de ríos y cortes de rutas provinciales.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las inundaciones, las sequías y otros desastres relacionados con el agua se están intensificando como consecuencia del cambio climático. En el caso de la Argentina, según el primer Informe Bienal de Transparencia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar, factores que podrían generar inundaciones permanentes en algunas zonas. Ante este escenario, resulta fundamental dejar de actuar únicamente de forma reactiva y avanzar hacia un enfoque preventivo.

En lo que va del año, ya vimos lo que la falta de prevención puede generar: la trágica inundación en Bahía Blanca, con un saldo de vidas humanas, perdidas y barrios enteros destruidos; el colapso urbano en Comodoro Rivadavia, que vuelve a repetirse año tras año como si fuera un destino inevitable. El denominador común es claro: falta de planificación urbana y territorial con enfoque ambiental y climático, nula inversión sostenida en infraestructura hídrica y ausencia de sistemas de alerta temprana y datos. Y, por supuesto, una política nacional que sigue tratando al ambiente como un tema secundario.