A través de una acordada de fecha 01 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió a la empresa Barrick Gold, el Subgrupo de Trabajo de la Nación creado específicamente para temas de Seguridad Minera y Medio Ambiental y a la provincia de San Juan información vinculada con el emprendimiento binacional.
Específicamente la Corte requirió la presentación, en el plazo de 30 días, de informes respecto del monitoreo de glaciares y recursos hídricos, el estado de las piletas de sedimentación, las obras de manejo y captación de agua y del dique de colas. Según la resolución, la decisión de la Corte tiene fundamentalmente en cuenta las medidas adoptadas por la República de Chile en relación al tema.
Es importante remarcar que FARN junto con Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), que se presentaron como terceros en la causa, solicitaron a la Corte Suprema en abril de 2013 que se tomaran las medidas para seguir avanzando en la causa judicial iniciada por vecinos sanjuaninos por el Impacto Ambiental del emprendimiento. En ese sentido, se mencionó la importancia de considerar la documentación de la Justicia chilena, quien sancionó en diversas oportunidades a la empresa por irregularidades que amenazaban los recursos hídricos de la región. Dicho accionar contrasta notablemente con la conducta adoptada por las autoridades argentinas, quienes han incumplido de manera sistemática con las obligaciones que surgen de la Ley de Glaciares, en donde pese al transcurso del tiempo no se ha dado cumplimiento con el Inventario de Glaciares.
El pedido de informes realizado por la Justicia es un elemento que si bien resulta importante para conocer el estado de situación de este emprendimiento minero binacional, resulta insuficiente en tanto no se adopten las medidas de fondo que han sido solicitadas por los vecinos y los terceros hace ya ocho años y que a la luz de la situación actual reclaman un urgente pronunciamiento.