A través de la resolución 232/2018 publicada en el boletín oficial, el Ministerio de Agroindustria creó el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios[1]. En la misma se determinó que funcionará bajo la órbita de la subsecretaría de Agricultura.
La iniciativa tiene por objetivo general “promover la conservación, restauración y manejo sostenible” a través de Buenas Prácticas Agrícolas, “maximizando su productividad y procurando el mantenimiento de la provisión de sus servicios ecosistémicos, en un contexto global de cambio climático”. La medida establece además que los recursos destinados a solventar el Plan se destinarán, entre otros, a fomentar la adopción de buenas prácticas de suelos, atendiendo a la provisión de los servicios ecosistémicos que otorgan; a promover el desarrollo de normativas para la conservación y manejo sostenible; a impulsar investigaciones sobre esta temática; y a fomentar los sistemas productivos que tiendan a maximizar la productividad en forma sostenible.
Si bien la iniciativa llega con algunos años de retraso, es valioso el interés del Ministerio de Agroindustria en crear un plan para conservar y procurar el uso y manejo sostenible de los suelos agropecuarios.
Sin embargo, cabe preguntarse en qué consisten las “buenas prácticas de suelos” y quién estará a cargo de la correcta aplicación de las mismas, en una clara proliferación de las buenas prácticas como solución a problemas ambientales, como sucede con la aplicación de los agroquímicos.
Además, quedan dudas acerca del “máximo potencial productivo” y su definición. El máximo potencial productivo de los suelos, en términos económicos y cortoplacistas, suele no coincidir con el uso sustentable del mismo. Se debería establecer una base sustentada en la edafología, microbiología y ecología del suelo respecto a cuál es el “máximo potencial productivo” de los suelos agropecuarios.
Se creen positivas las acciones destinadas a “fomentar sistemas productivos que tiendan a maximizar la productividad en forma sostenible”. Para ello es importante dar incentivos a aquellos productores que practican técnicas en pos de alcanzar este objetivo, como la agroecología, la cual permite el uso sustentable del suelo, preservando la biodiversidad y garantizando la provisión de servicios ecosistémicos.
La mención a los principios del ordenamiento territorial es de gran valor y requiere necesariamente la participación de todos los actores involucrados en el territorio, desde el gobierno local hasta los pequeños productores y comunidades indígenas, pasando por organizaciones sociales, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Es deber de la Nación y de cada jurisdicción garantizar este proceso.
Vale también mencionar que un Plan de Suelos Agropecuarios que sólo se enmarca en el Ministerio de Agroindustria queda sesgado a la dimensión productiva de este recurso. Más aun teniendo en cuenta el trabajo ya realizado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el marco del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación[2].
El plan debiera estar enmarcado en un Grupo interministerial que abarque al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Producción. El uso sustentable del suelo, “recurso natural estratégico, limitado y no renovable, y cuyo uso se debe encuadrar en una planificación sistémica” como menciona la resolución, requiere de un trabajo transdisciplinario entre los ministerios y los actores que lo trabajan.
[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/189229/20180802