Ecosistemas y derechos humanos sufrirían el impacto de un uso desmedido de los recursos naturales

Por Pia Marchegiani

La carrera por controlar la cadena de suministros de los denominados “minerales críticos”, o “minerales para la transición energética”, abre un nuevo capítulo en la disputa geopolítica global. En los últimos años, hemos presenciado un aumento vertiginoso en la demanda del litio, este fenómeno responde a las crecientes presiones del Norte Global por avanzar hacia un modelo de transición energética. Pero, ¿qué pasa con los ecosistemas y los derechos humanos?

Si bien es urgente abandonar la explotación y consumo de los combustibles fósiles, una transición energética que replique el mismo modelo de producción y consumos actuales, basado en el uso desmedido de los recursos naturales y sin considerar los impactos socioambientales y los derechos humanos de las personas y comunidades que habitan en los territorios en donde se encuentran estos minerales, simplemente perpetúa las mismas lógicas del modelo energético actual. En lugar de avanzar hacia una transformación real, se estaría reemplazando un sistema extractivista por otro, profundizando la violación de derechos humanos y la degradación de los ecosistemas.

Gran parte de las reservas de estos minerales para la transición se encuentran en América Latina, en países como la Argentina, Bolivia y Chile, que concentran cerca del 53% de los yacimientos conocidos de litio a nivel mundial en sus humedales andinos; en Chile y Perú, donde se produce el 40% del cobre global; y en la Amazonía colombiana, donde las concesiones mineras, solicitudes de explotación y la extracción ilegal de minerales de transición violan los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, estos países ven el interés del Norte Global por estos minerales como una ventana de oportunidad para atraer inversiones. Los gobiernos priorizan estas inversiones, por sobre la realización de complejos, pero necesarios estudios hidrológicos para determinar si las operaciones pueden llegar a ser realizadas sin daños irreversibles al ambiente.

Un ejemplo de esto es la provincia de Catamarca, donde desde 1997 el extractivismo de litio ha provocado daños ambientales significativos, incluyendo la desecación de un brazo de la vega del río Trapiche. A raíz de esto, en marzo de este año, a instancias de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, la Corte Suprema de Catamarca ordenó la realización de una evaluación de impacto ambiental acumulativa e integral en el Salar del Hombre Muerto y ordenó al Estado provincial que no otorgue nuevas autorizaciones a proyectos de litio.

En Jujuy, las comunidades de la región de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc viven una grave situación de vulneraciones a derechos humanos y ambientales. La exploración minera continúa avanzando a pesar de no contar con estudios de impacto ambiental completos e integrales sobre toda la cuenca que sirvan de línea de base para identificar verdaderos riesgos de la minería en la zona de escasez hídrica. Tampoco es de público conocimiento cuántos proyectos se han autorizado sobre la misma cuenca hídrica, ni qué cantidad de agua insumirá cada uno como si se ha contemplado el posible impacto acumulativo de múltiples proyectos mineros en conjunción con usos de agua de las comunidades sobre su ciclo hidrológico.

En el marco del 191º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, que finaliza hoy, diversas organizaciones de América Latina y representantes de comunidades indígenas de la región nos presentamos hoy para exponer las vulneraciones de derechos humanos cometidos por los gobiernos y empresas en el contexto de la extracción de minerales para la transición, una problemática común en varios países de la región.

Esta audiencia representa una oportunidad crucial para que la CIDH defina los parámetros de actuación tanto de los Estados como de las empresas en relación con la gestión de los minerales de transición. Es fundamental establecer obligaciones claras y específicas en este ámbito.

La transición energética en nuestros países debe ser una oportunidad para avanzar hacia procesos de producción y distribución de energía más justos y equitativos. El rol del sistema internacional de protección es fundamental para garantizar la vigencia de los derechos humanos en las soluciones a la crisis climática.

Directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN)