Los gobiernos subnacionales intentan articularse desde los territorios, mientras se preparan para la COP30 y buscan financiamiento. En un contexto complejo, la acción local puede tomar protagonismo

Por Tais Gadea Lara

Por vulnerabilidad a los impactos, oportunidad financiera y/o postura política, algunos gobiernos provinciales de Argentina comienzan a hacer sentir sus voces en pos de la necesaria acción climática, e independientemente de la postura negacionista y contraria a la Agenda 2030 del gobierno nacional de Javier Milei. “Antes de este Gobierno, el foco había estado en la política climática nacional. Cuando empezamos a ver que esa política estaba detenida, que no había una continuidad ni del Gabinete Nacional ni de otros espacios, se empezó a prestar más atención a las provincias y a tratar de entender cuál es el rol que ellas tienen o pueden tener en la acción climática”, asegura Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Al final del día, las políticas se terminan implementando en los territorios y los eventos climáticos extremos tienen sus impactos en las distintas provincias”, añade.

En la política nacional, Milei rebajó el Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, recortó su presupuesto en un 41,5% y desmanteló políticas ambientales. En la política internacional, expresó en reiteradas ocasiones sus intenciones de seguir los pasos de Donald Trump y sacar a la Argentina del Acuerdo de París, aunque no ocurrió en la práctica. En la COP29 celebrada en Bakú el año pasado, sólo llegó a retirar físicamente de la conferencia climática a la delegación de negociadores. Hoy, Argentina sigue siendo parte del Acuerdo de París y participó -con sólo una delegada- en las reuniones preparatorias de junio pasado en Bonn, Alemania.