La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA)  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la gravedad de la situación de los incendios en Argentina y Chile. 

En un comunicado publicado el presente 28 de enero, señala que los incendios son “favorecidos por condiciones meteorológicas que incrementan el peligro de propagación -como temperaturas extremas, baja humedad y vientos intensos-, generan impactos graves y multidimensionales (…) comprometiendo el ejercicio de diversos derechos humanos de las comunidades afectadas, además de provocar una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales”. Así mismo, resulta de vital importancia porque constituye una advertencia de un organismo internacional de no caer en el negacionismo de la crisis ecológica y climática.

Este pronunciamiento retoma datos del Monitor del Presupuesto Ambiental de FARN y da cuenta una vez más de la debilidad de la política ambiental en Argentina producida por su desfinanciamiento y desjerarquización. Detrás de los incendios que arrasan con ecosistemas y vidas está el cambio climático y la falta de fondos para prevención y mitigación de los incendios. 

Mientras que en 2023, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 100 % de su presupuesto, un año después, en 2024, la ejecución cayó al 22 %, a pesar de tratarse del período con mayor cantidad de focos de incendio de al menos los últimos ocho años. En 2025, la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego en 2025 marcó un retroceso significativo en términos de protección ambiental y en términos presupuestarios. 

Para 2026, el proyecto de presupuesto prevé una caída real del SNMF del 71,6 % en comparación con 2025. Este recorte impacta de manera directa en capacidades clave: las horas de vuelo se reducirían a 3.100, frente a las 5.100 previstas en 2023, y los informes de alerta temprana y evaluación del peligro de incendios pasarían de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026. Se trata de herramientas centrales para avanzar hacia un enfoque preventivo, en lugar de seguir actuando de manera tardía y reactiva.

Todos los años se repite esta escena trágica en el sur de nuestro país, con el agravante de un financiamiento cada vez menor y una matriz energética que contribuye cada vez más a los efectos del cambio climático. No es solo un problema ambiental: es un problema con impactos concretos sobre las vidas de las personas y sus derechos humanos.

Desde FARN, celebramos el comunicado de la REDESCA esperando que los gobiernos de ambos países presten debida atención a la necesidad de fortalecer las herramientas de control y combate del fuego y las políticas ambientales en general.