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El ambiente sin Ministerio: es tiempo de redoblar los esfuerzos

Mientras 198 países se reúnen en la COP28 para discutir y establecer acuerdos que permitan afrontar la grave crisis climática que atraviesa el planeta, el gobierno electo en Argentina redujo el Ministerio de Ambiente al rango de subsecretaría, en una unidad que engloba también turismo y deporte. Este hecho inédito en nuestro país significa un retroceso institucional de enormes proporciones, que va a contramano de las tendencias mundiales.

La agenda ambiental es parte de un debate político crucial a nivel local, regional e internacional. Los impactos del cambio climático están a la vista y cada año es más urgente diseñar e implementar políticas públicas enfocadas en la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las personas. El Ministerio de Ambiente es un área clave en esta tarea.

Más allá de los resultados de una gestión determinada, el Ministerio de Ambiente es un instrumento institucional necesario para que el Estado construya una agenda ambiental dialogada y participativa, permitiendo concentrar una serie de competencias útiles para atender las necesidades del presente e incorporar una mirada a largo plazo que integre los aspectos ambientales a todas las decisiones que hacen al desarrollo. Entre las tareas que están a cargo de este organismo se encuentran:

  1. el control y la aplicación de normas tales como la protección de bosques nativos (Ley N° 26.331) y de glaciares (Ley N° 26.639);
  2. las acciones de coordinación interministerial que le corresponden a la Ley de Cambio Climático (N° 27520);
  3. atender los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de cambio climático y protección de la biodiversidad, como el Acuerdo de París y el Marco mundial Kumming-Montreal de Biodiversidad;
  4. coordinar el accionar de todas las jurisdicciones ambientales de Argentina a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
  5. reclamar el presupuesto necesario para el desarrollo de las actividades que corresponden a la cartera, que hoy alcanzan al 0,5 % del presupuesto nacional;
  6. desarrollar y garantizar los procesos de participación y consulta para la autorización de proyectos y actividades productivas, contando con la suficiente fuerza institucional para garantizar los principios y estándares establecidos en el Acuerdo de Escazú, del que Argentina es parte;
  7. impulsar las políticas y acciones que corresponden a otras áreas de gobierno tales como Minería, Energía y Agricultura, que resultan absolutamente necesarias para garantizar la transición energética y socioambiental. 

Si bien la ampliación o reducción de la cantidad de Ministerios corresponde a las facultades propias de cada presidente, la decisión de establecer una Secretaría que incluye al ambiente vinculado a los temas que hacen al turismo y deporte constituye un error estratégico y conceptual que contribuirá a degradar aún más la ya relegada agenda ambiental de Argentina. ¿Cómo logrará nuestro país contar con las suficientes potestades institucionales para desarrollar correctamente estas tareas?

En términos prácticos el área ambiental quedará reducida a una Subsecretaría, sobre la cual aún se desconocen qué competencias conservará y cuáles serán diseminadas en otras áreas de gobierno. La disminución del rango institucional, sumado a la potencial dispersión de competencias, acotará notablemente las posibilidades de establecer diálogos y políticas que involucren a diversas áreas del gobierno y la necesaria articulación federal.  Además, dificultará establecer las relaciones propias que esta cartera institucional tiene reservada desde la reforma constitucional de 1994, que estableció que los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias y que la Nación tiene a su cargo establecer los presupuestos mínimos de protección vigentes en todo el territorio.

La agenda ambiental hoy tiene que ser más integral que nunca. La transición energética, la crisis climática y la protección de la biodiversidad son temas que están relacionados de forma estrecha y necesitan coordinación y voluntad política.

Más allá del retroceso institucional que suponen las decisiones del nuevo gobierno en materia ambiental, la historia demuestra que los mayores logros en nuestro país han sido impulsados y sostenidos por el accionar de miles de personas y organizaciones que vuelcan sus sueños y anhelos para construir un país donde, como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, sus habitantes tengan el derecho de gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es tiempo de redoblar los esfuerzos.