Durante el mes de julio, el Gobierno nacional transfirió $30.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Misiones. Esta transferencia se llevó a cabo en los días previos al tratamiento de los proyectos de ley denominados Súper RIGI y de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, debatidos ayer y hoy en el Senado, tal como sucedió antes de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, en el mes de abril.
Estas seis provincias beneficiadas, que recibieron en partes iguales $5.000 millones cada una, reúnen 18 senadores nacionales. De ese total, solo 2 pertenecen a La Libertad Avanza (ambos por Entre Ríos), 3 integran el Frente de Todos y los 13 restantes responden a espacios provinciales o bloques que podrían resultar decisivos para la aprobación de estas iniciativas de alto impacto socioambiental.
Inicialmente, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluía la modificación de la Ley de Tierras con el objeto de aumentar a un 25% los límites actuales de adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Tras el fuerte rechazo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, especialistas y distintos sectores políticos, el oficialismo resolvió retirar ayer ese capítulo.
Sin embargo, el Gobierno buscó aprobar otras reformas de fuerte impacto socioambiental. Entre ellas, la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, que apuntaba a habilitar cambios en el uso y destino de superficies afectadas por incendios, eliminando las restricciones actualmente vigentes para humedales, pastizales y otras áreas protegidas. Finalmente, este capítulo también fue dado de baja al no obtener los votos necesarios para ser aprobado.
Por otra parte, el miércoles, se dio inicio al tratamiento del Súper RIGI, un proyecto de ley que expande los beneficios jurídicos y económicos que otorga el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a nuevas actividades como los centros de almacenamiento de datos, cuya instalación territorial plantea riesgos ambientales, sociales y de derechos humanos.
La reiteración de transferencias discrecionales de ATN inmediatamente antes de votaciones legislativas de relevancia para el Poder Ejecutivo vuelve a plantear interrogantes sobre los criterios que guían su asignación. Si bien los ATN constituyen una herramienta prevista para asistir financieramente a las provincias ante situaciones excepcionales, su utilización en este contexto exige la máxima transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando coincide con el tratamiento de proyectos legislativos que podrían significar retrocesos en materia ambiental y de derechos colectivos. Estas nuevas transferencias discrecionales abren distintos interrogantes: ¿cuál fue la naturaleza de la emergencia en estas provincias o en aquellas que recibieron fondos previo al tratamiento de la reforma regresiva de la Ley de Glaciares? ¿Por qué el Gobierno nacional realiza una acción que incluso prácticamente no llevó adelante ni ante inundaciones ni incendios que afectaron a distintas localidades de nuestro país?