El presente artículo fue escrito por Fermín Koop, periodista especializado en ambiente y editor de Dialogue Earth, para la Pulso Ambiental N°26.

Cada vez que le hacemos una consulta o un pedido a un chatbot, en algún lugar del mundo una máquina se calienta y hay que enfriarla. Esa operación tan simple es la que está reconfigurando el mapa energético e hídrico de América Latina.

La magnitud asusta. Según la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos ya consumen cerca del 1,5% de la electricidad a nivel mundial, y esa demanda se duplicaría para 2030. Con el agua pasa algo parecido: un solo centro de datos puede llegar a usar 19 millones de litros por día, lo mismo que se usa en una ciudad de 50.000 habitantes —como Gualeguaychú, Río Tercero o Tres Arroyos— en una jornada completa.

América Latina, territorio en disputa

Brasil, México y Chile concentran hoy la mayor parte de esta infraestructura en la región. El modelo, en todos los casos, es el mismo: inversión a cambio de agua, tierra y energía. San Pablo es uno de los ejemplos mejor documentados. Un estudio publicado en Cambridge Prims: Waters midió los centros de datos de la región metropolitana —unos 550 MW de carga operativa— y llegó a un consumo de 16,1 millones de metros cúbicos de agua por año, que equivalen a más de 44.000 metros cúbicos por día. Casi la mitad de esa agua es “invisible”: se evapora en los embalses de las hidroeléctricas que generan la electricidad que consumen esos servidores. Nadie la ve salir de una canilla, pero de todos modos sale del sistema.

Los conflictos ya existen. La comunidad indígena Anacé, que habita en Ceará, Brasil, resiste la instalación de un data center vinculado a TikTok que ocuparía una superficie equivalente a doce canchas de fútbol. En Perú, con zonas que ya sufren estrés hídrico severo, especialistas hablan directamente de una “bomba social” si se suma esta demanda. Y en la Argentina, un proyecto de OpenAI junto con la empresa Sur Energy prevé instalarse con 500 MW de capacidad. 

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya lo planteó  en un comunicado de prensa: hay conflictividad asociada a esta infraestructura digital en prácticamente todo el continente.

Datos concretos para poder dar pelea

La opacidad representa también un problema. Un estudio señala que menos de un tercio de los operadores de centros de datos monitorea el Water Usage Effectiveness (WUE), la métrica básica de eficiencia hídrica del sector. Cuando publican números, casi nunca separan cuánta agua se usa directamente para enfriar y cuánta se gasta de forma indirecta en generar la electricidad. Sin esos datos, cualquier discusión sobre licencias o participación ciudadana arranca perdida de antemano.

La pregunta de fondo no es entonces si la región va a alojar más infraestructura digital, sino bajo qué reglas va a hacerlo. Todavía hay margen para exigir transparencia sobre el consumo real de agua y energía, para condicionar las licencias a estudios de impacto serios, con el propósito de que las comunidades tengan voz a la hora de debatir en dónde y cómo se instalan estos proyectos. No es algo que esté decidido de antemano. Es una pelea política, y como tal, todavía se puede dar.