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Mercados de carbono en Argentina: organizaciones exigen al Senado participación ciudadana en el tratamiento legislativo

Mercados de carbono en Argentina: organizaciones exigen al Senado participación ciudadana en el tratamiento legislativo

Congreso de la Nación Argentina

Organizaciones de todo el país instaron al Senado de la Nación a evaluar con reparo las iniciativas legislativas referentes a la regulación de los mercados de carbono en la Argentina que ya se encuentran bajo consideración de la cámara. Entre ellas se destacan los proyectos de ley S-0808/2026, “Marco Regulatorio del Mercado Voluntario de Carbono”, y S-0865/2026, “Ley Marco para el Desarrollo de los Mercados de Carbono y su Integración al Mercado de Capitales”.

En una carta conjunta, las organizaciones sostuvieron que la regulación de los mercados de carbono requiere reglas claras que garanticen la integridad ambiental y social, así como la transparencia, robustez y trazabilidad de los créditos.

Asimismo, señalan que esta regulación excede el ámbito económico o financiero, ya que puede tener implicancias directas sobre la política ambiental, la política climática y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Particularmente, el marco regulatorio podría comprometer la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales, la distribución de beneficios, el federalismo ambiental y las estrategias de transición justa del país.

Las organizaciones firmantes hacen hincapié en la necesidad de que el tratamiento de estas iniciativas contemple instancias efectivas de participación y diálogo con los actores interesados y potencialmente afectados en el ámbito del Senado. El involucramiento temprano de organizaciones, instituciones académicas y científicas, pueblos indígenas, comunidades y diversos actores con experiencia permitiría enriquecer el debate legislativo, incorporar perspectivas no representadas en las propuestas actuales y contribuir a un marco regulatorio ambiental y socialmente íntegro, transparente, equitativo y consistente con las metas del país.

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