Más de un año después de anunciar los resultados preliminares, el 6 de noviembre de 2026, la Argentina presentó formalmente su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). A días de la COP31, el Gobierno mantuvo el mismo techo que había anunciado en 2025: 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de emisiones netas, tanto para 2030 como para 2035.

La demora tampoco se tradujo en una hoja de ruta que explique cómo se alcanzará dicha meta. Mientras promueve inversiones para ampliar la producción y exportación de hidrocarburos, el Gobierno reduce los recursos públicos necesarios para prevenir y responder a los impactos del cambio climático.

Una NDC elaborada sin participación pública

El Gobierno afirma que la elaboración de la NDC articuló las instancias del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, el Consejo Asesor Externo (CAE) no fue convocado y la única Mesa Ampliada mencionada en el documento fue una transmisión por YouTube, con el chat cerrado y sin posibilidad de hacer preguntas ni intercambios. Presentar esta instancia como parte de un proceso de participación oculta la falta de mecanismos para que la sociedad civil y todos los actores afectados por la crisis climática puedan ser parte de los procesos de toma de decisiones.

Asimismo, este proceso queda por debajo del estándar de participación pública del artículo 7 del Acuerdo de Escazú, aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566. La participación debe ser inclusiva, comenzar cuando las decisiones todavía están abiertas, con información suficiente para formular observaciones y con mecanismos para que se las considere antes de decidir. 

Una mejora en el inventario que no demuestra mayor ambición

La NDC anterior, presentada en 2021 (segunda NDC actualizada), fijaba un techo de 349 MtCO2e para 2030. La nueva contribución (NDC 3.0) explica que actualizó dicha meta por cambios en las métricas, los factores de emisión y la cobertura del inventario. Sin embargo, para evaluar si aumentó el esfuerzo de mitigación, hace falta publicar un cálculo reproducible que compare ambas metas bajo la misma metodología y separe el efecto de los cambios contables del de las políticas. 

Aun si el Gobierno demostrara la equivalencia de los techos de 349 y 375, nuestro país continuaría comprometiéndose al mismo límite para 2030 y 2035, sin explicar por qué ese compromiso representa su mayor ambición posible, como exige el artículo 4.3 del Acuerdo de París. Esto cobra especial relevancia si se considera que, según un cálculo a partir de la base EDGAR de la Comisión Europea, la Argentina ocupó el puesto 27 entre los emisores mundiales de gases de efecto invernadero en 2025. La comparación excluye las emisiones del sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.

La política energética en dirección contraria a los compromisos

La NDC 3.0 invoca al primer Balance Mundial, adoptado en la COP28, pero omite explicar cómo nuestro país contribuirá al llamado a dejar atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. En cambio, reivindica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y menciona el Súper RIGI, que cuenta con media sanción en Diputados, como parte de la estrategia del Gobierno para atraer grandes inversiones y promover el desarrollo productivo. Según la base de datos de proyectos del Observatorio del RIGI, al 18 de agosto de 2026 el 74,3% de la inversión comprometida en los proyectos presentados correspondía a petróleo y gas, incluido el GNL. A su vez, cinco de los 21 proyectos aprobados al momento del relevamiento estaban vinculados con Vaca Muerta y su infraestructura de transporte y exportación. La NDC deja así una contradicción sin resolver entre el compromiso climático que invoca y los incentivos que el Gobierno destina a prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.

Por otro lado, la NDC enumera medidas de mitigación sin cuantificar su aporte ni fijar metas sectoriales. En julio de 2026, el Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC) calificó como sin avances los objetivos previos de reducción de emisiones del sector energético y del transporte, y como imposible de cumplir el objetivo sobre emisiones fugitivas. La nueva contribución deja sin respuesta cómo se corregirán esos incumplimientos mientras se amplía la frontera hidrocarburífera y, con ella, la presión sobre los territorios y las comunidades.

Adaptación: un ajuste que debilita la capacidad de responder a los impactos climáticos

Sobre la meta de adaptación, la NDC 3.0 mantiene el mismo nivel de adaptación que la meta a 2030 y elimina de la formulación las referencias expresas al género, la equidad intergeneracional y la prioridad de las comunidades y grupos en situación de vulnerabilidad.

A la vez, identifica el manejo del fuego y la alerta temprana como áreas que requieren apoyo en un contexto en el que el Gobierno recorta los recursos de los organismos que deben sostener esas tareas. De acuerdo con el Monitor Ambiental del Presupuesto, en 2026, frente a 2023, el Presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente cayó un 82,4%, el del Servicio Nacional del Manejo del Fuego un 72,3% y el del Servicio Meteorológico Nacional un 47,7% en términos reales.

El fenómeno de El Niño 2026/2027 pone en evidencia esa contradicción. Con perspectivas de lluvias por encima de lo normal en el Litoral y riesgos de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay, desfinanciar el monitoreo, las alertas tempranas y la prevención deja a las provincias y los municipios con menos herramientas para anticiparse a las inundaciones. Postergar estas medidas traslada los costos a la emergencia y reconstrucción, y se traduce en mayores costos al tener que reparar algo que, en primera instancia, podría haberse preservado.

Sin un plan de financiamiento para cumplir las metas

La NDC enumera posibles fuentes para cumplir las metas que propone, entre ellas fondos multilaterales, donaciones, inversión privada y mercados de carbono. Sin embargo, carece de un plan que estime costos, identifique partidas y asigne responsabilidades. La experiencia muestra que las condiciones y el destino de los recursos importan. Cuando el apoyo se canaliza mediante préstamos, puede profundizar el endeudamiento, reducir el margen para sostener políticas ambientales e incurrir en actividades extractivistas para el repago. A su vez, financiar falsas soluciones que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles o aumentan la presión sobre el agua, los territorios y las comunidades puede agravar los conflictos y daños socioambientales que la política climática debería prevenir.

Esta discusión también alcanza a los mercados de carbono. La NDC también identifica a los mercados de carbono como una posible fuente de financiamiento. Desde FARN sostenemos que estos mecanismos deben estar subordinados a la reducción directa de emisiones. El uso de créditos de carbono para compensar emisiones puede demorar los cambios necesarios en los sectores que más emiten. Además de verificar las reducciones o remociones, la regulación debe evaluar los impactos de los proyectos sobre el agua, la biodiversidad y los territorios y garantizar la participación efectiva e inclusiva y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

El proyecto de ley sobre mercados de carbono obtuvo media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Diputados. En el texto de modificaciones del recinto, el principal cambio territorial del texto está en el artículo 6. Frente al dictamen de septiembre, que habilitaba a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar programas jurisdiccionales, el nuevo texto suma a la Nación y a los municipios. A la vez, sustituye el requisito expreso de consentimiento informado de determinados titulares por una regla de transparencia y comunicación. En este sentido, queda por aclarar cómo se garantizará la participación temprana de las comunidades y la consulta previa, libre e informada cuando corresponda. Asimismo, se amplía la estabilidad fiscal de diez años a un máximo de treinta, limitado por la duración del proyecto.

En cuanto al cumplimiento de la NDC, el proyecto mantiene una exigencia general de compatibilidad con la meta climática argentina. Sin embargo, desde el dictamen de septiembre quedaron afuera tres herramientas importantes: una reserva de reducciones para cumplir con la meta nacional, un cupo anual para las transferencias internacionales y la posibilidad de suspender nuevos ajustes si el país se aparta de su trayectoria de reducción de emisiones. También se eliminó el aporte para adaptación del 2% del valor de las transferencias internacionales sujetas a ajuste.

Una NDC que no está a la altura de la crisis

La tercera NDC argentina está lejos de la ambición que exige la crisis climática. Mientras que el Gobierno incentiva la expansión de los combustibles fósiles y recorta los recursos para prevenir y responder a impactos, las comunidades más expuestas enfrentan esos riesgos con menos herramientas. 

La política climática que la Argentina necesita debe partir de las realidades de cada territorio y atender las necesidades de quienes lo habitan. Eso implica reducir las emisiones en origen, financiar la prevención y adaptación y garantizar que todos los actores puedan participar en las decisiones que afectan sus vidas. Esta NDC deja esa tarea pendiente.