Puntos claves sobre la política ambiental en el Presupuesto 2027

• La Subsecretaria de Ambiente pierde fondos por cuarto año consecutivo: su presupuesto para el 2027 será un 84,3% menor al de 2023.
• El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene asignado un presupuesto 25 veces menor al establecido por la Ley 26.331. A su vez, presenta una reducción significativa de metas: para este año, se plantea financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de los bosques nativos, mientras que en 2022 y 2023 se proponían financiar 1.000 y 1.200 planes, respectivamente.
• Los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el Presupuesto 2027 son $38.815 millones, esto implica un aumento real del 60,1% con respecto a 2026 pero a una caída del 55,8% con respecto a 2023. Para 2027 se prevé la elaboración de 1.950 informes para alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, 781 menos que en 2023.
• El presupuesto destinado para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo es un 91,5% menor en términos reales al de 2023.
• A pesar de la relevancia política adjudicada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Presupuesto 2027 no especifica los recursos tributarios que el Estado dejará de percibir como consecuencia de los beneficios otorgados a los proyectos aprobados.
• Con el 39,5% del superávit fiscal estimado se podrían mantener en los mismos valores del 2023 a todas las partidas socioambientales analizadas.

De la euforia al disimulo: un presupuesto sin anuncio oficial

Pocos minutos antes de que terminara el martes 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto 2027. No hubo ningún anuncio, ningún posteo presidencial en redes sociales y pocos medios de comunicación parecían estar pendientes de la presentación de la “ley de leyes”. La situación fue diametralmente opuesta a la presentación del Presupuesto 2026, que estuvo a cargo del propio Presidente de la Nación a través de un discurso emitido por cadena nacional.

El rasgo común: los recortes en partidas presupuestarias esenciales vinculadas a derechos colectivos, entre ellos el ambiente. Mientras tanto, mantiene un velo de opacidad sobre los abultados beneficios fiscales con los que cuentan especialmente el sector minero e hidrocarburífero. Los bajos montos asignados en los últimos años a las partidas socioambientales hacen que en las discusiones sobre la Ley de Presupuesto estas políticas no llamen la atención. 

¿Qué pasa con las partidas ambientales en el Presupuesto 2027?

El proyecto de ley de Presupuesto para 2027 presentado por el gobierno consolida el ajuste de años anteriores presentando un recorte del 26,8% con respecto a 2023. Mientras tantola Subsecretaría de Ambiente (antes Ministerio) se enfrenta a  una reducción presupuestaria por cuarto año consecutivo, resultando su caída de un 10,84% en relación a 2026 y de un 84,3% con respecto al 2023. El programa de “Articulación y Educación Ambiental” ya no aparece en el nuevo presupuesto.

Un análisis del presupuesto por finalidad y función muestra que —al igual que el presupuesto anterior—  las funciones “Ecología y desarrollo sostenible” y de “Agua Potable y Alcantarillado” representa menos del 0,13% y el 0,11% respectivamente del total de fondos del presupuesto de la Administración Pública Nacional, superado por las funciones de Inteligencia (0,21%), Seguridad Interior (2,22%) y Defensa (1,87%). Por su parte, el pago de la Deuda Pública y sus respectivos intereses y gastos representa un 9,21% del total. En otras palabras, la propuesta gubernamental es destinar $9 de cada $100 del presupuesto público al pago de la deuda, mientras que lo destinado a funciones ecológicas, agua potable y alcantarillado sea menos de 24 centavos.

Algunas partidas socioambientales puntuales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego muestran leves recuperaciones en relación a los importes que recibieron en 2026. Sin embargo, se trata de programas o actividades que vienen experimentando reducciones sistemáticas durante los últimos años, resultando como observación general una reducción estructural de los montos destinados al ambiente en comparación con 2023.

(Des)protección de los bosques nativos

La protección de los bosques nativos en 2027 contará con $28.322,56 millones, conformados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos ($24.668 millones) y el Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos ($3.654,6 millones). 

Según lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques, el fondo mencionado debería contar con el 0,3% del total del presupuesto nacional, equivalente a $606.304 millones de pesos. Los menos de 28 mil millones que aporta el gobierno representan tan solo el 0,014% del total del presupuesto. Para mantenerse dentro de la Ley de Bosques el gobierno debería realizar un aporte casi 25 veces mayor al que propone. Este año se plantea como meta financiar apenas 23 planes de manejo sostenible de los bosques nativos, lo que equivale en promedio a 1 plan por provincia, una disminución significativa de los objetivos de  2022 y 2023, que proponían financiar 1.200 y 1.000 planes, respectivamente.

Estos fondos, que se utilizan para apoyar económicamente a campesinos o agricultores en la conservación y restauración de estos bosques, vienen siendo insuficientes y subejecutados continuamente. Durante 2024, la ejecución fue nula. En 2025, su ejecución fue del 31%, y durante los primeros 8 meses de 2026 se ejecutó apenas el 16,9% ($2.957 millones).

Servicio Nacional de Manejo del Fuego: recursos escasos, reactividad y falta de prevención

Los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en el Presupuesto 2027 son $38.815 millones, esto implica un aumento real del 60,1% con respecto a 2026 pero a una caída del 55,8% con respecto a 2023 . Estos recursos no solo deben emplearse en tareas de combate del fuego, sino también de prevención. Representan un 0,0192% del presupuesto. Para dimensionar su magnitud, las empresas hidrocarburíferas recibirán 6,34 veces en concepto de subsidios por la extracción de gas.

Más allá de los recursos asignados, las metas físicas muestran un desbalance entre las capacidades destinadas al combate de los incendios y aquellas vinculadas con su prevención. Para 2027 se proyectan 3.600 horas de vuelo para la prevención y lucha contra incendios (3.100 en 2026), la capacitación de 1.950 brigadistas, (1.900 el año pasado) y el equipamiento de 14 brigadas (igual que en 2026).

La situación es diferente cuando se observa una de las principales metas específicamente vinculadas con la prevención. Para 2027 se prevé la elaboración de 1.950 informes para alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, apenas 100 más que los previstos para 2026 y 781 menos que en 2023. Estos informes constituyen una de las herramientas con las que cuenta el Estado para anticipar situaciones de riesgo y orientar las acciones de prevención. 

En un escenario de incendios cada vez más recurrentes, una política integral de manejo del fuego no puede limitarse a ampliar la capacidad de respuesta una vez iniciado el incendio, sino que requiere fortalecer también las capacidades estatales destinadas a anticiparlo y prevenirlo.

Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo: incumplimiento de objetivos y fuerte desfinanciamiento

Luego de que en octubre de 2024 la Corte Suprema de Justicia archivara la causa “Mendoza” sobre la cuenca Matanza-Riachuelo a pesar de no haberse cumplido ninguno de los objetivos pautados desde el año 2008, el Gobierno procedió a reducir de manera sistemática las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca, la cobertura cloacal y las soluciones habitacionales. 

Las cifras expresan por sí sola la completa desatención de la situación de la cuenca. El presupuesto asignado a la totalidad de las partidas destinadas a la Cuenca Matanza-Riachuelo para el 2027 resultan un 91,5% menor en términos reales al de 2023. En aquel año, aunque las partidas aún resultaban insuficientes, el Estado nacional destinaba el 0,315% del total del presupuesto a estos fines, mientras que para este año se proyecta tan solo un 0,037% del mismo. 

Mientras tanto, los objetivos pautados en la causa “Mendoza” siguen sin cumplirse: más del 40% continúa sin cobertura cloacal, quedan casi un 60% de soluciones habitacionales sin terminarse, y 1 de cada 4 establecimientos declarados como “Agentes Contaminantes” —establecimientos industriales, comerciales o de servicios, actividades o conjuntos inmobiliarios que emiten efluentes líquidos, residuos peligrosos y/o emisiones gaseosas, entre otros— no adecuaron sus aspectos ambientales significativos.

Prevención Sísmica: degradación institucional y menos recursos frente a riesgos crecientes

En el proyecto de ley de Presupuesto 2027, la Prevención Sísmica deja de constituir un programa presupuestario autónomo y pasa a ser una actividad dentro del programa “Reducción de Geoamenazas” del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Este cambio se produce luego de que, en 2025, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) fuera integrado al SEGEMAR, que absorbió sus competencias.

A esta pérdida de jerarquía institucional se le suma un fuerte recorte de los recursos destinados específicamente a la actividad de Prevención Sísmica. Para 2027 contará con apenas $184 millones, frente a un presupuesto vigente de $1.762 millones en 2026, lo que representa una caída del 86,1% en términos reales. Si la comparación se realiza con 2023, la reducción real alcanza el 43,5%.

Este debilitamiento de la política de prevención sísmica adquiere particular relevancia en un contexto de expansión de la explotación hidrocarburífera no convencional mediante fractura hidráulica o fracking. Siguiendo los datos publicados por el INPRES, durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron 61 sismos en Neuquén. El Observatorio de Sismicidad Inducida, que ha realizado investigaciones en distintas zonas de Neuquén —como Fortín de Piedra y Bajada del Palo Oeste—  en donde se hace referencia a la sismicidad inducida por el fracking en Vaca Muerta, lleva registrados desde el comienzo del fracking en 2013, a mayo de 2026, 508 sismos. En este escenario, reducir los recursos destinados a la prevención sísmica implica debilitar las capacidades estatales de prevención, monitoreo y generación de conocimiento frente a riesgos que, por el contrario, requieren una mayor capacidad de respuesta pública.

Gasto tributario: inconsistencias en la promoción minera y sin estimación del costo fiscal del RIGI

El proyecto de Presupuesto 2027 define los regímenes de promoción económica como una “pérdida potencial de recaudación para el Estado” derivada de exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales, diferimientos y otros beneficios. Sin embargo, cuando se analizan los beneficios destinados a promover grandes inversiones, aparecen importantes interrogantes sobre su cuantificación.

Un primer caso es el Régimen de Promoción de la Actividad Minera establecido por la Ley 24.196. El Presupuesto 2027 estima un gasto tributario de $57.836,4 millones para 2025, $71.971,2 millones para 2026 y $89.820 millones para 2027, equivalentes en cada año al 0,01% del PIB. Sin embargo, la estimación realizada un año atrás en el Presupuesto 2026 calculó, para ese mismo régimen, $508.954,1 millones en 2025, equivalente al 0,06% del PIB, y $595.896 millones para 2026, también igual al 0,06% del PIB. Es decir, las estimaciónes presentadas este año resultan llamativamente menores a las realizadas un año atrás.

Estas diferencias plantean interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular su costo fiscal y sobre las razones que explican una revisión tan significativa. Esto adquiere especial relevancia tratándose de un régimen de promoción de una actividad con importantes impactos socioambientales sobre los territorios y que, a más de treinta años de vigencia, continúa otorgando beneficios sin haberse realizado evaluación alguna sobre los objetivos para los cuales fue creado.

A estas inconsistencias se suma ahora el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto de Presupuesto 2027 informa que hasta agosto de 2026 fueron aprobados 22 proyectos por casi USD 47.073 millones. Una parte importante de las inversiones aprobadas corresponde a actividades mineras e hidrocarburíferas.

Sin embargo, el propio proyecto de ley reconoce que no estima el gasto tributario asociado al RIGI debido a que se encuentran mayoritariamente en etapas iniciales de implementación e inversión y que, por lo tanto, su gasto tributario podrá estimarse en etapas posteriores. De esta manera, se evidencia que el Estado conoce cuánto se invertirá bajo el RIGI, pero no cuánto dejará de recaudar por promover esas inversiones. La ausencia de esa estimación impide conocer la magnitud de los recursos fiscales involucrados y evaluar integralmente el costo que tendrá para el Estado esta política de promoción.

Superávit financiero como política de ajuste

Al igual que en las propuestas realizadas en ejercicios anteriores por la actual gestión, el Gobierno envía un proyecto de ley cuya prioridad como política de Estado es el superávit financiero. El razonamiento es que sostener una política fiscal superavitaria resuelve de manera automática la inflación y, a partir de ello, se genera una cadena de causalidades que lleva a la mejora en los salarios reales, al crecimiento y la aspiración de ser un país desarrollado en 30 años. Más allá de la discusión teórica sobre el desarrollo económico y social, se pone en evidencia que queda anulada cualquier discusión sobre el rol del Estado para la planificación, las políticas científicas, educativas, sociales, productivas, de salud y ambientales. 

Sin embargo, alcanzar dicho superávit no depende únicamente de cuánto gasta el Estado, sino también de cuánto recauda y cuánto decide dejar de recaudar. Mientras el ajuste sobre distintas políticas públicas puede conocerse y cuantificarse con precisión, existe menos claridad sobre el costo fiscal de algunos regímenes de promoción económica. Si el superávit fiscal es realmente la prioridad, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto y dónde recortar, sino también en cuánto, por qué y en beneficio de quién el Estado decide dejar de recaudar.

En la Tabla 1 se puede observar qué porcentaje y cuánta plata del superávit estimado haría falta para mantener en términos reales el presupuesto de distintas partidas ambientales, dando como resultado que con el 39,5% del superávit fiscal se podrían mantener las partidas ambientales analizadas. No podemos dejar de mencionar que este razonamiento podría replicarse con otras partidas presupuestarias ligadas a derechos colectivos y temas sumamente sensibles socialmente sobre los cuales el proyecto de ley también realiza ajustes, como reducir la atención a la discapacidad, eliminar la fórmula de actualización de las asignaciones familiares e incumplir con el financiamiento universitario que indica la Ley 27.795.

Esto demuestra que el superávit fiscal se logra a través del desfinanciamiento de políticas públicas y la desarticulación de las distintas herramientas que posee el Estado para garantizar derechos.