Por Gabriela Ensinck

Lejos de promover nuevas actividades o diversificar la estructura productiva argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en un esquema de privilegios para sectores extractivos ya consolidados. Así lo señala un reciente informe del Observatorio del RIGI, integrado por especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), entre otros.

Además de su elevado costo fiscal (el Estado deja de recaudar en impuestos para “promover” las nuevas inversiones -la mayoría de las cuales ya estaban en marcha o se iban a realizar de todos modos-), la expansión del RIGI fue acompañada por una serie de regresiones en materia ambiental.

“Las grandes inversiones se concentraron en hidrocarburos y minería (62% y 36% de los montos en los 40 proyectos aprobados). Ambas actividades generan escaso empleo y tienen un enorme impacto en los ecosistemas”, señaló Mariano Novas, investigador de la UNSAM y coordinador del Observatorio

A nivel nacional, la reforma de la Ley de Glaciares redujo los estándares mínimos de protección de las reservas de agua presentes y futuras para facilitar proyectos mineros. En el plano provincial, distintas jurisdicciones modificaron sus marcos regulatorios con el mismo objetivo, destaca el informe.