El 12 de marzo de 2018 se realizó en San Carlos de Bariloche la Audiencia Pública respecto de la ordenanza que prevé aprobar la prórroga de la concesión que opera sobre el Cerro Catedral, proyecto que pretende mejoras en el centro de esquí y un complejo urbanístico de 70 hectáreas.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales realizó por escrito su aporte y destacó los siguientes aspectos fundamentales:
1) Falta de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el cual constituye uno de los más utilizados y recomendados instrumentos preventivos del derecho ambiental para la protección de los ecosistemas, en especial para el caso en estudio. Esta herramienta, junto con la publicidad de la información relativa al medio ambiente, se encuentra entre las obligaciones de procedimiento que el sistema de Derechos Humanos impone a los Estados en lo que respecta a la protección del medio ambiente.
2) Falta del debido estudio de suelo contemplando el peligro geológico que implica el proyecto, de acuerdo a lo informado en el estudio de ¨Peligros Geológicos” de San Carlos de Bariloche, realizado por SEGEMAR.
3) Falta de intervención a la Administración de Parques Nacionales, teniendo en cuenta que el Cerro se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El Cerro Catedral se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La Ley de Administración de Parques Nacionales indica que estas áreas deben mantenerse sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional, y que queda prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, ejercida según las reglamentaciones.
4) Falta de intervención a la provincia de Río Negro que realizado el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos ha zonificado en categoría amarilla la zona y siendo zona de bosques de lenga.
5) La importancia de la vigencia de los instrumentos legales y las herramientas político-institucionales para garantizar el derecho a un ambiente sano y asegurar su adecuada gestión, y los problemas que causa su deficiente implementación.
Derecho de Acceso a la Información Pública Ambiental:
El derecho de acceso a la información pública, ampliamente reconocido en materia ambiental en el país, vital para la vigencia de una gestión adecuada del ambiente, debe ser garantizado en todo momento especialmente respecto de cualquier actividad u obra susceptible de degradarlo.
Este derecho resulta fundamental para la participación ciudadana y el ejercicio de otros derechos, ya que quien esté desinformado o deficientemente informado difícilmente podrá participar en igualdad de condiciones en los procesos de toma de decisiones u obtener elementos de importancia para defender adecuadamente sus derechos o acceder a la justicia. Es un mecanismo primordial para incrementar la transparencia en los actos de gobierno. Para mantener una democracia sana es necesario contar con un apropiado régimen jurídico de acceso a la información que permita a los personas tener un rol activo en el gobierno.