La crisis climática exige políticas públicas inclusivas y sostenibles que fortalezcan las capacidades locales, reduzcan las emisiones y adapten los espacios urbanos a los desafíos ambientales actuales

Por Leandro Gómez

En un contexto de crisis ambiental, donde la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que el 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, la gran concentración de personas en zonas urbanas plantea dos grandes desafíos: la necesidad de adaptar las ciudades a los impactos del cambio climático, ya que enfrentan el efecto de isla de calor, y la de abordar el papel de las ciudades como responsables de alrededor del 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Estos desafíos exigen diseñar e implementar políticas de planificación urbana que contemplen la relación entre las ciudades y los ecosistemas naturales. Los espacios urbanos representan un punto clave para frenar y revertir la triple crisis ambiental actual (climática, de biodiversidad y de contaminación), pero se requiere del compromiso y voluntad de los gobiernos.

En nuestro país, el 92% de la población vive en zonas urbanas, un índice que está por encima de la media regional (83%) y global (56%). Este nivel de urbanización nos coloca en una posición de alta vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Según ONU-Hábitat, las áreas urbanas son especialmente sensibles a fenómenos extremos, como las olas de calor, cuya frecuencia e intensidad están en aumento. Además, enfrentan riesgos asociados a la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores -como es el mosquito-, el deterioro de las zonas costeras debido al aumento del nivel del mar, precipitaciones más intensas que agravan las inundaciones, y períodos de sequía que comprometen tanto la disponibilidad como la calidad del agua potable.