Los subsidios a la energía, los ingresos fiscales, las inversiones realizadas por empresas estatales y el respaldo crediticio mediante bancos estatales e instituciones financieras internacionales representan flujos de fondos públicos que pueden debilitar o motivar la descarbonización y el desarrollo sostenibles y equitativo. Los gobiernos del Grupo de los 20 (G20) se han comprometido a dejar de brindar apoyo estatal a los combustibles fósiles mediante diversos procesos de reforma (Gerasimchuk, Bassi et al., 2017, anexo 2), empezando con el compromiso que asumió el G20 en 2009 de eliminar gradualmente los “subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que promueven un consumo irresponsable” (G20, 2009). Asimismo, mediante el Acuerdo de París (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático [CMNUCC], 2015, artículo 2.1.c), todos los gobiernos se comprometieron a “situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero”, un compromiso que se aplica tanto a las finanzas privadas como a las públicas, en todas sus formas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular la meta 12.C y el indicador 12.C.1 del ODS 12 sobre Consumo y Producción Responsable, también incluyen la reforma de los subsidios al consumo y la producción de combustibles fósiles.
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