Finalizó la 29ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Bakú, Azerbaiyán. Sin representación de la delegación Argentina, los 197 países presentes avanzaron en un acuerdo financiero de 300.000 millones de dólares anuales que serán destinados a los países en desarrollo para hacer frente a la crisis climática. Sin embargo, desde el Sur Global criticaron la cifra para la financiación climática.

“En estos tiempos, con las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños, se debería hablar de una movilización y provisión de billones de dólares en forma de subvenciones a los países del Sur Global”, sostuvo Camila Mercure, responsable del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Según el texto final, los países desarrollados se comprometen a movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035 para que las naciones en vías de desarrollo enfrenten las consecuencias de la crisis climática. Sin embargo, esta nueva meta no es lo que esperaban acordar los países del Sur Global; el G77 + China había solicitado que la nueva meta sea de 1.3 billones de dólares anuales.

La importancia de que los países del norte cumplan con el compromiso de financiamiento radica en su responsabilidad histórica por haber contribuido en mayor medida a las causas del cambio climático, a diferencia de los países en desarrollo. En la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra de 1992, se adoptó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que establece que todos los países tienen la responsabilidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero son los países desarrollados los que deben asumir la mayor carga en función de su volumen de emisiones. 

A esto se suma el artículo 9.3 del Acuerdo de París, que establece que “en el marco de un esfuerzo mundial, las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación para el clima a partir de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, a través de diversas medidas, como el apoyo a las estrategias controladas por los países, y teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de las Partes que son países en desarrollo”.

Mercados de carbono

Muchos países ven en los mercados de carbono una oportunidad de financiamiento para la conservación y restauración de bosques, o una estrategia más accesible para cumplir con sus objetivos de carbono neutralidad. 

En el marco de la COP29, los gobiernos alcanzaron un acuerdo sobre las normas que regirán la creación, comercialización y registro de reducciones y absorciones de emisiones como créditos de carbono. Este avance pone fin a años de estancamiento en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, que establece las modalidades de cooperación voluntaria entre países para cumplir con sus metas de reducción de emisiones.

Sin embargo, “la modalidad bajo la cual se desarrollan estos mecanismos en la actualidad, junto con la falta de transparencia en lo que respecta al conteo de emisiones de gases de efecto invernadero, ponen en duda la eficacia y la credibilidad para la mitigación del cambio climático”, explicó Mercure.

Transición Justa 

En 2022, durante la COP27, se creó el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) con el objetivo de evaluar, diseñar y escalar caminos para lograr los objetivos del Acuerdo de París de forma justa y equitativa. El año pasado, en la COP28, celebrada en Dubai, se llegó al acuerdo de que la modalidad de trabajo sería a partir del diálogos y el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países.

Si bien durante el 2024 se llevaron a cabo dos diálogos que involucraron a los países y también a otros sectores, como sociedad civil, juventud, mujeres, trabajadores y sector privado, no se llegó a abordar la territorialidad que se necesita en la práctica. En este sentido, el Sur Global alzó la voz para crear un plan de trabajo que impulse acciones concretas y objetivos ambiciosos.

Durante la COP29 las conversaciones parecían llegar a buen puerto, con un texto final ambicioso respecto a cómo avanzar en resultados accionables y medios de implementación (financiamiento internacional, transferencia tecnológica y construcción de capacidades). Sin embargo, el proceso finalizó sin una decisión sobre el Programa de Trabajo sobre Transición Justa, por lo que las negociaciones deberán retomarse en junio de 2025, en la Conferencia de Bonn sobre Cambio Climático. 

Mercure expresó que esto “representa una gran barrera y retardo para la implementación de transiciones justas en los territorios. Se esperaba que durante esta COP este Programa de Trabajo evolucionara de diálogos a resultados más ambiciosos con acciones concretas. Sin embargo, la falta de consenso hizo que las negociaciones se suspendan y se reanuden dentro de 6 meses”.

Adaptación

Durante esta Conferencia se llevaron a cabo negociaciones en torno a la operacionalización del Marco de Emiratos Árabes Unidos para la Resiliencia Climática Global que contiene la Meta Global de Adaptación. Más precisamente, la discusión giró en torno al progreso del Programa de Trabajo EAU – Belém, el cual finaliza el próximo año en la COP30 y tiene por objetivo lograr definir un set de indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan dar cuenta de los avances de las acciones de adaptación llevadas a cabo por los países. 

Particularmente, las partes se centraron en definir tres cuestiones claves de cara al último año del Programa de Trabajo sobre indicadores. En primer lugar, establecer cuál debe ser el rol de los expertos en lo que resta del programa de trabajo sobre indicadores, es decir, qué tareas deberán cumplimentar en pos de lograr los objetivos propuestos de cara a la COP30. En este sentido, las partes decidieron que los expertos sinteticen la lista de indicadores que mapearon durante 2023 (fueron mapeados más de 9 mil indicadores) y presenten un reporte cuatro semanas antes de las sesiones en Bonn. 

Además, se discutió sobre cuáles deben ser los criterios que guiarán el trabajo de selección de los indicadores que serán utilizados para medir el progreso de las acciones de adaptación. Respecto a esto, las partes acordaron que debe seleccionarse un número manejable de indicadores y que se establecerá un criterio mixto de selección que incluya un set de indicadores globales (que pueda aplicarse en todos los países) y un menú de indicadores regionales y nacionales que le de flexibilidad a las partes para aplicar aquellos que se ajusten a sus circunstancias locales. 

Por último, en lo que respecta a los medios de implementación, pero principalmente al financiamiento para la implementación de acciones de adaptación, el texto final se quedó corto y no reflejó del todo las demandas del Sur Global. Cabe destacar que las conversaciones alrededor del financiamiento estuvieron muy marcadas por la evolución de las negociaciones del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés). 

“De cara a la COP30, se espera que la adaptación sea unos de los temas centrales de las discusiones. Los eventos extremos que afectan tanto a países en desarrollo como desarrollados son cada vez más frecuentes y severos, y requieren de acción inmediata en pos de evitar mayores pérdidas y daños”, indicó Victoria Laguzzi, integrante del área de Política Climática de FARN. 

Retiro de la delegación de Argentina

70 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra FARN, lanzaron un comunicado rechazando el retiro de la delegación argentina de la COP29. “Además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia”, expresaron en el comunicado.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequías, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad. Estos eventos han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

“Necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permita hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para lograr conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad”, sostuvieron las organizaciones firmantes. 

Y agregaron: “Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productiva y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación”.