El futuro energético argentino depende de una matriz baja en emisiones, diversificada, que favorezca el acceso a la energía y el cuidado del ambiente. Los hechos demuestran que buscar el autoabastecimiento con combustibles fósiles no necesariamente implica lograr una menor pobreza energética. Con tarifas cada vez más altas para los ciudadanos y un esquema de subsidios a la producción que carece de proyección clara a largo plazo, las medidas tomadas hasta el momento no demuestran ser una herramienta eficiente para transicionar hacia sistemas energéticos limpios y sustentables.

Que los subsidios a los combustibles fósiles han mostrado una tendencia a la baja, para la producción y sobre todo para el consumo, es cierto. Pero resulta claro que los motivos que impulsan las reducciones son puramente económicos y están vinculados a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la reducción del déficit fiscal, no enfocados en generar un escenario promisorio para la estabilidad de la economía y el bienestar de la población en la Argentina. Mucho menos para asegurar una transición energética.

La necesidad de reducir los subsidios generó malestar social -a raíz del aumento de tarifas- y rechazo en el sector privado debido a las consecuencias que traerá aparejadas la modificación en la interpretación de la resolución 46E/2017, que reduce las erogaciones del gobierno nacional en pos del saneamiento de sus cuentas fiscales. En respuesta, las empresas prometen una nueva escena de disputa con el gobierno en el plano judicial, ya “inaugurada” con la denuncia de Tecpetrol en 2019.

No es un dato menor: los sucesivos cambios en la cartera de Energía, con 3 ministros en un año y la reducción de Ministerio a Secretaría bajo la órbita de Hacienda, dejan entrever tanto las internas del gobierno y las disyuntivas respecto de la política energética a adoptar, como también la importancia que el sector energético tiene para las arcas del Estado.

Mientras hay quienes siguen pregonando que Vaca Muerta es la solución energética y económica para la Argentina, los hechos demuestran que no todo es estable ni sustentable en el negocio de los hidrocarburos. De hecho, hoy en día la producción de gas natural de Vaca Muerta no alcanzará para abastecer de energía al país durante el invierno.

Los hechos demuestran que el objetivo del gobierno de buscar el autoabastecimiento con combustibles fósiles no necesariamente implica lograr una menor pobreza energética. Sin ir más lejos, el esquema de incentivos en el marco de la política nacional actual, con tarifas cada vez más altas para los ciudadanos y un esquema de subsidios a la producción que carece de proyección clara a largo plazo, no parece ir en tal dirección.

Por todo lo expresado, desde FARN hacemos énfasis en que la única verdadera solución radica en generar lineamientos económicos y políticos para la consolidación de una matriz energética baja en emisiones, diversificada, que favorezca tanto el acceso a la energía como el cuidado del ambiente.

NÚMEROS QUE NO CIERRAN

Los subsidios a los combustibles fósiles representaron, con respecto a la totalidad de subsidios a la energía, un 97% en 2018 (el 6,5% del presupuesto nacional), un 95% en 2017 y un 99% en 2016.

Los montos transferidos a las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos -particularmente para la producción de gas- sumaron en 2018 US$ 340 millones; es decir, un 0,33% del presupuesto nacional y el equivalente a más de 5 millones de Asignaciones Universales por Hijo o al salario anual de 35.000 docentes de enseñanza inicial.

Pero no sólo las empresas extractivas recibieron fondos: también las compañías distribuidoras se vieron favorecidas. El monto recibido por estas últimas durante 2018 fue de US$ 258 millones, lo que equivale a 778 mil jubilaciones mínimas.

Este año, los subsidios a los combustibles fósiles suman más de US$ 6.000 millones, cifra que duplica lo que el Estado invirtió durante todo 2018 en Universidades Nacionales.

Los subsidios son una respuesta de corto plazo frente a problemas coyunturales, o bien una clara señal de los objetivos de un Estado. Históricamente, se los ha utilizado como herramienta para sanear situaciones conflictivas tanto a nivel social como económico, pero desde FARN hacemos hincapié en la necesidad de políticas públicas cuyos horizontes de planificación excedan los mandatos de un gobierno y se enfoquen en asegurar de la manera más justa la transición energética necesaria para un futuro sostenible.

—ENGLISH VERSION BELOW—

Fossil fuel subsidies in Argentina 2018-2019

Argentina’s energy future depends on a low-emission and diversified matrix that favors both access to energy and care for the environment. Facts show that seeking self-sufficiency with fossil fuels does not necessarily mean achieving lower energy poverty. With increasing rates for citizens, and a scheme of subsidies for production that lacks a clear long-term projection, state decisions taken so far do not prove to be an efficient tool for Argentina’s transition to clean and sustainable energy systems.

That subsidy to fossil fuels have shown a downward trend, for production and, above all, for consumption, is an undeniable truth. But it is clear that the reasons driving the reductions are purely economic and merely linked to the demands of the International Monetary Fund (IMF) as well as the reduction of the fiscal deficit, not focused on generating a promising scenario for the stability of the economy and the welfare of the population in Argentina. Much less to ensure an energy transition.

The need to reduce subsidies was a call for social unrest -mainly as a result of increased rates- as well as rejection within the private sector due to the consequences that will result from the modification in the interpretation of resolution 46E / 2017, which seeks to reduce the national government’s fiscal account expenditures. In response, companies promise a new scene of judicial trouble with the government, already «inaugurated» with the legal complaint presented by Tecpetrol earlier this year.

Successive changes in the Energy portfolio, with 3 ministers in a single year and the reduction of the former Ministry of Energy and Mining into a Secretary of Government under the orbit of the Ministry of Finance give a clue about internal government discrepancies as well as some disjunctive regarding the energy policy to adopt. It again gives a hint of the great importance that the energy sector has for the state coffers.

While there are those who continue to proclaim that Vaca Muerta is the energy and economic solution for Argentina, the facts show that not everything is stable or sustainable in the hydrocarbons business. In fact, today Vaca Muerta’s natural gas production will not be enough to supply the country with energy during the winter.

The government’s objective of seeking self-sufficiency with fossil fuels does not necessarily imply achieving lower energy poverty. Without going any further, the incentive scheme in the framework of the current national policy, with increasingly higher rates for citizens and a scheme of subsidies for production that lacks a clear long-term projection, does not seem to go in that direction .

For all the above, FARN emphasizes that the only real solution lies in generating economic and political guidelines for the consolidation of a diversified, low emission energy matrix, which favors both access to energy and care for the environment.

NUMBERS THAT MUMBLE

Subsidies to fossil fuels represented, with respect to the totality of energy subsidies, 97% in 2018 (6.5% of the national budget), 95% in 2017 and 99% in 2016.

The amounts transferred to companies engaged in the extraction of hydrocarbons -particularly for gas production- totaled US $ 340 million in 2018; that is, 0.33% of the national budget and the equivalent to more than 5 million Universal Allocations per Child or the annual salary of 35,000 initial education teachers.

But not only companies engaged in the extraction of hydrocarbons received funds: also the distribution companies were favored. The amount received by these last ones during 2018 was US $ 258 million, equivalent to 778 thousand minimum retirements.

This year, subsidies for fossil fuel amount to more than US $ 6,000 million, a figure that doubles what the State invested during 2018 in National Universities. Subsidies are a short-term response to present problems, as well as a clear signal of the objectives of a State. Historically, they have been used as a tool to cleanse conflict situations, both socially and economically, but from FARN we emphasize the need for public policies with planning horizons that exceed the mandates of a government and focus on ensuring the most fair way to achieve the energy transition necessary in order to guarantee a sustainable future.

Foto: © Julián Álvarez / Télam