En el marco de la visita académica a la Argentina de referentes internacionales de derechos humanos, y tras la publicación de la nueva Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que establece un nuevo estándar jurídico al afirmar que los Estados americanos tienen la obligación de responder a la emergencia climática como un compromiso en materia de derechos humanos—, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) organizamos dos conversatorios públicos para reflexionar sobre los desafíos socioambientales que plantea la transición energética en un contexto de crisis climática y vulneración de derechos humanos.

El primer evento se llevó a cabo el lunes 7 de julio en la Universidad Nacional de Salta, en coorganización con la Maestría de Derechos Humanos de esa casa de estudios. Participaron más de 150 personas entre ellos referentes de comunidades indígenas de Jujuy, Salta y Catamarca, asambleas ambientales, organizaciones de la sociedad civil y referentes del ámbito académico.

El panel estuvo integrado por Fernanda Hopenhaym Cabrera, integrante del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU; Javier Palummo Lantes, relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN; y Patricia Marconi, presidenta de la Fundación Yuchán. También participaron referentes indígenas de la cuenca Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Salta y de Jujuy, de la Comunidad originaria Atacameños del Altiplano de Antofagasta de la Sierra de Catamarca, integrantes de la Asamblea Socioambiental Fiambalá Despierta, de la localidad de Fiambalá de Catamarca y de la organización ProEco de Tucumán. La moderación estuvo a cargo de Rodrigo Solá, director de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta.

Las comunidades y asambleas expusieron la vulneración de derechos que viven en sus territorios por el avance de la minería impulsada por el modelo dominante de la transición energética, y reclamaron por el respeto de sus derechos, en particular, el consentimiento libre previo e informado. Por su parte, las expertas técnicas señalaron la importancia de una transición socioecológica integral respetuosa de los derechos humanos y de los límites planetarios, y llamaron la atención especialmente sobre los impactos de la minería de litio en el agua y en la biodiversidad. 

La conversación continuó el jueves 10 de julio a las 18 hs en el Salón Azul de la Facultad de Derecho (UBA), co-organizado con el Centro de Derecho Ambiental y el Centro de Derechos Humanos de la UBA y con el  Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín. Este nuevo encuentro permitió profundizar el debate sobre los desafíos de una transición energética justa en América Latina.  El panel estuvo integrado por Fernanda Hopenhaym Cabrera, Javier Palummo Lantes y Verónica Gómez, jueza de la CIDH. En la moderación estuvieron María José Alzari, especialista en Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y Derecho Ambiental de la UBA, y Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Verónica Gómez destacó que la Opinión Consultiva incorpora de manera explícita el rol del conocimiento comunitario e indígena, señalando que debe ser considerado parte de la mejor ciencia disponible al momento de tomar decisiones. Además, remarcó: “La opinión consultiva hace referencia a la prohibición de generar daños irreversibles al ambiente, como una prohibición que no admite un acuerdo en contra”.

“Esta Opinión Consultiva es clave porque le está diciendo de alguna manera a la sociedad en su conjunto, pero también a la academia jurídica, que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está dispuesto a afrontar estos nuevos desafíos que implica la crisis planetaria”, sostuvo Palummo durante su intervención del jueves pasado. 

Asimismo, el relator de la CIDH destacó que esta Opinión Consultiva nos permite pensar que puede existir otra transición energética: “Necesitamos una transición energética justa, que distribuya recursos. No es posible que las zonas donde residen los recursos clave sean zonas de sacrificio”. También, destacó que esta transición “debe desarrollarse con un lente justicia social y reconocimiento de los derechos de los pueblos” ya que de otra manera “se corre el riesgo de repetir la historia y los errores del extractivismo que ha dado lugar a un catastrófico deterioro de la naturaleza y violaciones de derechos humanos”.

Por su parte, Hopenhaym subrayó que la nueva Opinión Consultiva establece claramente las responsabilidades de las empresas y provee herramientas para que respondan en materia de derechos humanos. “Las empresas más que nunca tienen que sostener sus compromisos en derechos humanos y en ambiente, y cumplir con sus obligaciones”, remarcó.

Desde FARN celebramos la visita académica del Relator y la Experta de Naciones Unidas y sus mensajes de justicia social, participación y enfoque de derechos humanos para la transición energética, lo cual es especialmente valioso en un contexto nacional y regional de retroceso en términos de derechos humanos y de protección ambiental, asimismo  esperamos que esta Opinión Consultiva sea leída por los países de la región y que inspire acciones para afrontar la emergencia climática en armonía con los derechos humanos y la naturaleza.