Aunque hace varios años el pueblo de Chubut le dijo NO a la minería, el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, pretendió avanzar con un proyecto de zonificación minera que incumple con requisitos constitucionales y que carece de licencia social. ¿Qué está pasando en Chubut y por qué es importante que nos involucremos?

El pasado viernes 5 de febrero, mediante la convocatoria a una sesión especial extraordinaria, el gobernador Arcioni intentó lograr la aprobación del Proyecto de Ley 128/20 “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut”, el cual propone una zonificación del territorio que permite la megaminería metalífera en los departamentos de Telsen y Gastre. De esta manera, la iniciativa abre la puerta a una actividad que, hasta el momento, está prohibida en la provincia.

La sesión extraordinaria fue suspendida por la Comisión de Receso por no tener tiempo de trabajo suficiente y por el Poder Judicial provincial, hasta determinar si cumple con todos los requisitos constitucionales. Si bien estos hechos impidieron que el proyecto avance rápidamente y condicionan su tratamiento a los tiempos legislativos y judiciales correspondientes, la situación en Chubut continúa siendo alarmante.

En noviembre de 2020, organizaciones ambientales denunciaron que las personas que estaban impulsando una iniciativa popular para ampliar las restricciones establecidas por la Ley XVII-N°68 (ex Ley 5001 – la cual prohíbe la minería en gran medida), sufrieron allanamientos y detenciones. Meses después, el gobierno quiso tratar el proyecto de zonificación en una sesión extraordinaria llamada por el gobernador con tan solo 3 días de antelación, sin dar lugar al debido debate público que requiere una actividad de alto impacto ambiental y social.

La Ley General de Ambiente N°25.675 establece que es obligatorio un proceso de evaluación ambiental que contenga un mecanismo de participación ciudadana para todos aquellos proyectos que puedan afectar el ambiente.  A su vez, Chubut cuenta con territorios habitados por pueblos originarios, quienes deben ser consultados de manera previa, libre e informada, ante toda medida legislativa o administrativa que pueda afectarlos (C169-OIT). El proyecto procuró ser aprobado sin espacios de participación ciudadana y sin la consulta a las comunidades originarias.

Desde FARN, sostenemos que, en caso de que se debata la zonificación minera, la discusión debe contar necesariamente con la participación de todos los sectores involucrados y potencialmente afectados, respetando la consulta a las comunidades indígenas, los derechos de libertad de expresión, participación y acceso a la información.

La megaminería a cielo abierto trae efectos sumamente nocivos para el ambiente y la salud de las poblaciones, con importantes riesgos de impacto en la calidad y el abastecimiento del agua, un recurso escaso en la provincia. Una iniciativa de estas características no puede centrarse únicamente en un enfoque productivista, sino que debe incluir una perspectiva de derechos, considerando los potenciales impactos sociales y ambientales que traería la actividad.

En un contexto de crisis económica, es necesario que se dé un debate profundo sobre las implicancias del modelo productivo vigente: el avance de la minería metalífera en Chubut no representa un desarrollo inclusivo local, sino un avance sobre los derechos ambientales y la autodeterminación de los pueblos. 

La protección del ambiente no debe interpretarse como un impedimento al desarrollo productivo provincial, sino como una decisión superior de preservar el agua, una fuente de vida para el pueblo del Chubut.