El escrito analiza los impactos que una industria de la envergadura de YPF ha tenido en el ambiente en nuestro país, y que (a priori) no han sido suficientemente definidos ni por el convenio en discusión, ni por la valuación efectuada por el Tribunal de Tasación de los pasivos ambientales.

En ese sentido, si bien se señaló en el debate que la mayor parte de los pasivos ambientales correspondieron a épocas previas a la gestión como controlante de Repsol, lo cierto es que existen referencias, tales como las planteadas por el Informe Mosconi, en donde se señalan que existen pasivos ambientales ocurridos bajo la responsabilidad de la firma mencionada.

En dicho estudio, efectuado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, indica que el índice de frecuencia de derrames cuya evolución se llevó a cabo desde el año 2006, se incrementó, a partir del año 2009, en forma significativa, finalizando 2010 y 2011 con más de 4.500 derrames.

En resumen, el “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación” entre la República Argentina y REPSOL trae a la luz las diversas aristas que deben ser consideradas a la hora de determinar las eventuales responsabilidades que podrán corresponder por daños y pasivos ambientales.

En tal sentido, se plantean diversas cuestiones que podrían suceder y que se encuentran vinculadas con la responsabilidad que le cupo a la empresa española y que parecería que el Estado Argentino habría tomado la decisión de dejar pasar por alto.