Se presentó como Amicus Curiae en la causa que la organización local OIKOS inició en abril de 2018 contra el gobierno de la provincia, una acción de inconstitucionalidad por el Decreto 248/18 que establece los lineamientos de la evaluación de impactos del fracking, por ser violatorio del derecho ambiental, desde la Constitución Nacional hasta la Ley General del Ambiente.
FARN presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza argumentos que prueban que el Decreto 248/18 de esa provincia deja afuera los impactos y aspectos más relevantes de la actividad, como la gestión de residuos peligrosos, la inducción de sismicidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases peligrosos para la salud, o la generación de radioactividad, lo que hace prácticamente nula la efectividad de la principal herramienta de protección del ambiente frente al fracking en la provincia. También dio cuenta de ciertos estándares, como la independencia de quienes realizan los estudios, que una evaluación de impactos debería contemplar previo a la autorización de cualquier actividad, que el Decreto 248/18 no cumple.
Un conflicto de larga data
No es la primera vez que el gobierno provincial se ve envuelto en un conflicto legal por irregularidades vinculadas con el fracking. Luego de emitir autorizaciones ilegales para su uso en la extracción de hidrocarburos, en 2017 Mendoza fue llevada a juicio para la suspensión de la actividad. Las irregularidades fueron reconocidas, pero las autorizaciones no fueron anuladas y, con no más que la promesa estatal de dictar una norma específica para la evaluación de impactos ambientales, el procedimiento siguió su curso.
El gobierno de la provincia, en ese entonces ocupado por Alfredo Cornejo, elaboró un proyecto de norma a la medida de las empresas petroleras. Y en paralelo, convocó a una audiencia pública como instancia de participación ciudadana, en un intento por legitimar el proyecto. Se celebró el 28 de diciembre de 2017, fecha que no podría haber estado mejor elegida: fue la audiencia del día de los inocentes, una pantomima: los temas a discutir no se dieron a conocer con anticipación suficiente; el encuentro se llevó a cabo a más de 400 km de la capital mendocina, y el público contó con tan solo 2 minutos para exponer sobre una cuestión de alta complejidad técnica.
Una vez superada la formalidad, Mendoza aprobó el Decreto 248/18 por el que OIKOS inició contra el gobierno provincial una acción de inconstitucionalidad que llevó al juicio en curso.