En Argentina, se producen 45.000 toneladas diarias de residuos, de los cuales casi un 25% termina en basurales a cielo abierto, una fuente directa de emisiones de gas metano.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) participamos el pasado jueves 24 de julio en la audiencia regional convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la reducción de emisiones de metano y la situación de las personas recicladoras en América Latina y el Caribe.

Giselle Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Legales de FARN, explicó durante su intervención que el modelo económico actual, basado en una lógica de producción que demanda altos niveles de consumo, es una de las principales causas del colapso en el sistema de gestión de residuos. 

En Argentina, se generan en promedio 1,15 kg de residuos por persona por día, según un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 2023, lo que equivale a casi 45.000 toneladas diarias para el total de la población (una tonelada cada dos segundos). Aproximadamente un 25% de estos residuos terminan en los más de 5.000 basurales a cielo abierto en el país, que representan una grave amenaza ambiental, sanitaria y climática. 

“Desde el punto de vista de la producción y con el objetivo de reducir la cantidad de materiales que se descartan e ingresan al sistema de gestión de residuos, es fundamental que los Estados de la región respalden e impulsen el Tratado Global sobre Plásticos, una herramienta legal para proteger la salud humana y al ambiente de la contaminación”, indicó Munno Dithurbide.

Además, la abogada alertó que los basurales a cielo abierto “son una fuente directa de emisiones de gas metano con impacto negativo en el clima y en la salud de las personas”. El metano es un precursor del ozono troposférico, asociado a un millón de muertes prematuras por año debido a enfermedades respiratorias, y es el gas de efecto invernadero con mayor participación en el sector de residuos. En Argentina, las emisiones de metano generadas por este sector son casi equivalentes a las del sector energético, y representaron más del 17% del total de las emisiones de metano en 2022 reportadas a nivel nacional.

Además, los basurales generan líquidos lixiviados: efluentes contaminantes que resultan de la descomposición de los residuos. Al no contar con las medidas ambientales y sanitarias adecuadas y controladas —como en el caso de los rellenos sanitarios—, estos líquidos pueden filtrarse en suelos y contaminar tanto aguas subterráneas como superficiales, generando riesgos concretos para la salud, como enfermedades respiratorias, intoxicaciones, infecciones cutáneas, problemas neurológicos, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer, entre otros. No obstante, “nuestro país no cuenta hoy con una política clara ni un sistema integral de monitoreo de calidad de aire”, sostuvo Munno Dithurbide.

El pasado 21 de marzo, desde FARN realizamos un pedido de información pública sobre los niveles de metano y ozono troposférico en Argentina y la respuesta de la Subsecretaría de Ambiente fue que no posee competencia primaria en la materia, aunque mencionó que el monitoreo de ozono se limita a unas pocas ciudades: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Bahía Blanca, Zárate y Campana, en la provincia de Buenos Aires. 

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación respondió que no posee responsabilidad en el monitoreo de la calidad del aire y derivó la consulta nuevamente a la Subsecretaría de Ambiente, a pesar de que la Ley 20.284 de calidad de aire en nuestro país determina que la aplicación y fiscalización de la norma corresponde a las autoridades sanitarias.

“Esta fragmentación institucional refleja una desprotección estructural que afecta directamente la salud de la población, especialmente a quienes viven o trabajan cerca de sitios donde se disponen residuos”, afirmó Munno Dithurbide.

Recicladores urbanos

En este contexto, a comienzos de este año se publicó el Decreto 1/25 que autoriza la importación de residuos como insumo para otros procesos productivos. Esta medida impactó de forma directa y negativa en los recicladores locales, al desalentar el reciclaje interno y devaluar el precio de los materiales reciclables nacionales, lo que redujo los ingresos de cooperativas y trabajadores del reciclaje, compuestos por personas que enfrentan enormes barreras para acceder al trabajo formal. 

Este decreto también incrementó la cantidad de materiales descartados que no se reinsertan en el mercado local, agravando el impacto ambiental de un sistema de gestión de residuos que, como señaló Munno Dithurbide,  ya se encuentra sobrecargado.

A esto se le suma, a nivel nacional, la parálisis y subejecución de programas clave como “Argentina Recicla” y el Préstamo BID 5567/OC-AR, y el vaciamiento de los organismos ambientales responsables tanto del sistema federal de gestión de residuos como de la remediación de basurales a cielo abierto. 

A su vez, el gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, anunció el miércoles pasado que dejará de cubrir el traslado diario de los recicladores que viajan desde la provincia a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con sus tareas habituales.

La decisión resulta particularmente alarmante si se tiene en cuenta que en la ciudad se generan 7.500 toneladas de residuos por día, lo que equivale a un promedio de 2,5 kilos por habitante, según datos del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, más de un kilo por encima del promedio nacional. 

“Las personas recicladoras son quienes sostienen gran parte del sistema de gestión de residuos urbanos y deben ser reconocidas como personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, en los términos del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Como tales, se debe garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos”, enfatizó Munno Dithurbide.

“Para hacerle frente a esta problemática, es inminente poner también el foco en la producción. Es inadmisible que a la fecha no exista una normativa que obligue a las empresas a hacerse cargo de los residuos que generan a partir de los productos que ponen en el mercado, considerando los impactos negativos en nuestros cuerpos y territorios”, enfatizó Munno Dithurbide. En Argentina hay cuatro proyectos de ley de envases con estado parlamentario, los cuales tienen incorporada la Responsabilidad Extendida del Productor (REP). 

En este sentido, desde FARN le solicitamos a la CIDH que promueva estándares interamericanos para una gestión de residuos con enfoque de derechos humanos; inste a los Estados a incluir compromisos de mitigación orientados al sector de los residuos; reafirme la necesidad de proteger a las personas recicladoras, reconociendo su rol central en los sistemas de gestión de residuos; alerte sobre las políticas que priorizan el libre mercado por sobre el ambiente, la salud de la población y los ingresos y derechos laborales de las personas recicladoras; y fomente la asignación y ejecución rigurosa de partidas presupuestarias orientadas al sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y la erradicación de los basurales a cielo abierto.