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Las nuevas metas climáticas argentinas: una mejora importante, pero no suficiente

Las nuevas metas climáticas argentinas: una mejora importante, pero no suficiente

En el marco de la Cumbre de Ambición Climática y a 5 años del Acuerdo de París, el sábado 12 de diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández anunció una ambición casi un 26% más alta en la NDC para 2030, y reafirmó el compromiso de ser carbono neutral 20 años después, en 2050. El compromiso representa una mejora importante en la ambición climática del país, pero no lo suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5ºC. 

En su discurso, el Presidente anunció nuevas metas climáticas que incluyen la promesa de compromisos de adaptación; hizo referencia a la transición justa y los impactos del cambio climático; y demandó apoyo internacional de los países desarrollados.

La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por su sigla en inglés) argentina anterior, de 2016, planteaba para el año 2030 no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) a través de la implementación de una serie de medidas en todos los sectores de la economía, con foco en energía, agricultura, bosques, transporte, industria y residuos. Fernández se comprometió ahora a llevarla a “un nivel casi un 26% inferior”, lo que la reduciría a aproximadamente 360 millones de toneladas, lejos aún del límite de emisiones ideal: 250 MtCO2eq.

“En relación al anterior, este nuevo compromiso representa un avance importante en la ambición climática de nuestro país y, en ese sentido, lo celebramos. Sin embargo, debemos remarcar que aún no es compatible con un escenario de calentamiento global de hasta 1,5ºC, la meta más ambiciosa del Acuerdo de París, enfatizada por la ciencia”, dice Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en Política Climática de FARN

En su discurso, Fernández también reafirmó el compromiso argentino de alcanzar la carbono neutralidad para 2050. ¿El problema? Las metas declaradas por el Presidente no se condicen con los anuncios para los sectores productivos de 2020. Para lograr lo anunciado, la acción climática tiene que ponerse en marcha ya, y de forma contundente, en todos los sectores de la economía. Sin embargo, el mandatario no hizo referencia a la importancia de contar con planes de recuperación económica post-pandemia hacia un desarrollo sostenible y bajo en carbono, que Argentina no ha desarrollado hasta ahora.

En síntesis, la nueva NDC es más ambiciosa que su antecesora de 2016, pero sigue lejos del número de emisiones que permitiría pensar en limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Con genuinos procesos de participación de la sociedad civil, la academia, el sector privado, los pueblos indígenas y los sindicatos en lo que hace a las decisiones sectoriales, y siempre integrando la perspectiva de género, podremos cumplir las metas y seguir aumentándolas. Pero mientras Argentina siga subsidiando la energía fósil, alcanzar la “carbono neutralidad” a 2050 parece, cuanto menos, muy difícil

Lo bueno:

  • El compromiso que anunció el Presidente muestra una mejora significativa en el valor de emisiones a 2030, con un valor absoluto de emisiones y sin condiciones variables. 
  • La nueva meta implica un pico de emisiones antes de 2030 (es decir que las emisiones van a mostrar una trayectoria de reducción y no de aumento).
  • En su discurso, el Presidente  reafirmó el compromiso del Estado para alcanzar la carbono neutralidad a 2050. Tal como señalan una serie de documentos publicados este año por FARN con la participación de UNICEN, Fundación Vida Silvestre y el investigador Roque Pedace, la Argentina no solo puede lograrlo, sino que dispone de varias opciones y combinaciones tecnológicas para hacerlo.   

Lo malo:

Lo incierto:

  • Contenidos sectoriales. Será necesario un compromiso muy explícito y robusto de los sectores para poder encarar una transición justa que no solo haga cumplir estas metas, sino que allane el camino para volver a mejorarlas con el tiempo.
  • Será fundamental garantizar genuinos procesos de participación de la sociedad civil, la academia, el sector privado, los pueblos indígenas y los sindicatos en lo que hace a las decisiones sectoriales, siempre integrando la perspectiva de género

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