En el mes de agosto del año 2016 el Ministerio de Agroindustria de la Nación envió al Congreso Nacional un documento donde sugiere modificaciones a la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas n° 20.247, argumentando que al momento de haber sido dictada, hace 30 años, no considera las nuevas realidades productivas que abordan la materia y que el proyecto presentado hace énfasis (declara de orden público) en el derecho de obtentor de semillas, así como los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas.
También ahonda en la prioridad de la regularización del mercado de semillas, en el acceso a futuras tecnologías y el cobro de los titulares de propiedad intelectual de las mismas, para garantizar el beneficio de agricultores pertenecientes al RENAF (Registro Nacional de Agricultura Familiar) o comunidades originarias. El proyecto en cuestión generó debate respecto del patentamiento de plantas y semillas, ya que esta práctica limitaría usos y costumbres propios de la agricultura: “Las semillas libres son el derecho que tiene cada agricultor para guardar, intercambiar, evolucionar, generar nuevas variedades y venderlas”.
Esta iniciativa se suma a la situación mundial que medios especializados han catalogado como crisis, donde la disponibilidad de semillas autóctonas se encuentra en franco retroceso, a diferencia de aquellas genéticamente modificadas que han gozado de un aumento exponencial.