Varias provincias de Argentina vienen padeciendo desde hace algún tiempo las devastadoras consecuencias de las inundaciones, a las que se han sumado graves incendios que afectan ahora grandes extensiones de campos.
Estas situaciones no pueden ser entendidas como hechos catastróficos, imprevisibles o apocalípticos, sino que se relacionan de manera directa con el calentamiento global en el que estamos inmersos, el cual profundiza y multiplica los eventos climáticos extremos. Por otro lado, se vinculan con el sostenimiento de un modelo productivo de base extractiva que ha cambiado de manera significativa el uso del suelo y arrasado el bosque nativo.
Ello demanda la planificación y puesta en marcha de políticas que integren las dimensiones del desarrollo con el ambiente, las que desde hace varios años se encuentran ausentes, tendencia que la actual gestión no ha logrado revertir.
Mientras tanto seguimos sin contar con medidas serias de adaptación al cambio climático, ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y a la población adoptar medidas y actuar de manera temprana ante situaciones como las actuales. Se sigue incentivando y subsidiando fuertemente la producción de combustibles fósiles.
La Ley de Bosques Nativos tiene cada vez menos recursos para su financiamiento y en algunas provincias, como en el caso de Córdoba, el gobierno intenta habilitar el desmonte de los pocos bosques nativos protegidos que aún le quedan en pie para así liberarlos a la producción de soja.
Por su parte, la Ley para la conservación y uso sustentable de los Humedales, herramienta fundamental para evitar inundaciones de zonas críticas, avanza lentamente en el Congreso Nacional, siendo víctima del feroz lobby de los sectores agropecuario e inmobiliario que apunta a disminuir los niveles de protección de aquélla.
Consecuentemente, es tiempo de que la dirigencia adquiera una visión estratégica de largo plazo necesaria para atender los desafíos aquí planteados y a su vez, que esté a la altura de los graves sucesos que se atraviesan en estos momentos para dar una respuesta en el corto plazo ajustada. Asimismo, urge que se atienda el déficit en la planificación estratégica del territorio clave para abordar problemáticas como las reinantes, proceso que se encuentra consagrado en la legislación vigente y que espera ser puesto en práctica desde hace tiempo.
En esa línea, se requiere de un pronto accionar conjunto y armonioso de las diversas jurisdicciones, liderado por la Nación dado su innegable rol en el diseño y ejecución de políticas socio-ambientales macro, y en el cual se le brinde un rol preponderante a la participación de los ciudadanos.