En un país cuya superficie continental supera los 2 millones 780 mil km², que de Norte a Sur se extiende a lo largo de 3.700 km, y en el que nada menos que un 92% de la población habita en zonas urbanas -solo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) concentra más de un tercio del total de habitantes a nivel nacional-, la transición hacia un sistema de movilidad sostenible aparece como un objetivo fundamental, ineludible. Sobre todo si se tiene en cuenta que en Argentina el sector del transporte es el mayor consumidor final de energía a nivel país.
En 2017, por ejemplo, el transporte se llevó el 31% del total de energía primaria a nivel nacional, en base a una combinación de derivados del petróleo (gasoil, naftas y aerokerosene), gas natural comprimido y biocombustibles (biodiesel y bioetanol). El consumo de estos combustibles tiene un importante correlato en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); de hecho, representan casi el 14% del total de emisiones del país. Más del 90 por ciento de esas emisiones son atribuibles al transporte carretero, fundamentalmente camiones y automóviles particulares.
Ahora bien, aun cuando la transición energética en lo que respecta a la movilidad se figura como necesaria e ineludible, no se trata solamente de una cuestión tecnológica. Los patrones de consumo de la humanidad deben ponerse en discusión. Tomemos, por caso, la cuestión del litio, clave en la movilidad eléctrica tal como está desarrollada al día de hoy. Con solo dos proyectos en operación, Argentina es el tercer productor de litio del mundo, detrás de Australia y Chile. ¿Pero a costa de qué y quiénes? Surge entonces la necesidad de discutir su aprovechamiento desde la perspectiva del desarrollo sostenible, analizando las implicancias económicas, sí, pero también las ambientales y sociales, en un pie de igualdad.
La movilidad, entendida como un conjunto de derechos vinculados a la circulación de las personas, es esencial para la vida de las sociedades, y su transición hacia un sistema sostenible en 2050 no ocurrirá por sí sola; requiere de una amplia gama de políticas públicas. Hay más de un enfoque posible para lograr esto, pero todos deberían incluir al menos una combinación de medidas centradas en el comportamiento del usuario, por un lado, y en el cambio tecnológico y la innovación por otro. El rol del Estado, en sus diferentes niveles, es fundamental.
Este documento, resultado de un trabajo conjunto entre FARN y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), analiza los aspectos clave, presentes y potenciales, de la movilidad en la Argentina, con el objetivo de hacer un aporte en su camino hacia la sustentabilidad.